Megadespojo en Caaguazú: Fiscalía envía carpetas a Asunción para ampliar investigación

La fiscal Norma Salinas imputó a más personas en el marco de la investigación del despojo de G. 800 millones de indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) destinada a dos familias en Caaguazú. Copia de la carpeta será remitido a Asunción a disposición del fiscal general para determinar responsabilidades adicionales.

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La fiscala Norma Salinas informó que el Ministerio Público imputó por apropiación y estafa a seis personas involucradas en el megadespojo de indemnización de G. 800 millones, que debían recibir dos familias por parte de la ANDE.

Aunque evitó revelar la identidad de los nuevos imputados, señaló que algunos aparecen en el video que se viralizó por las redes sociales. Subrayó que los cheques fueron cobrados pese a presentar documentos irregulares, presumiendo la falsificación de un poder especial.

“Tenemos la certeza de que nunca se otorgó ese poder”, afirmó Salinas. Detalló que los elementos recolectados incluyen videos de circuito cerrado, documentos y testimonios clave. Además, informó que se imputó por producción de documentos no auténticos, un hecho que podría ser sancionado con hasta 10 años de prisión.

Firma de escribano en poderes podría ser falsa

La fiscala también mencionó que la firma del escribano que figura en los poderes es dudosa, ya que este niega haber realizado los documentos y atraviesa problemas de salud. “Vamos a enviar los documentos a estudios forenses para confirmar la autenticidad de las firmas, siempre y cuando obtengamos los originales, porque hasta ahora solo contamos con copias”, señaló.

Por no tener competencia para investigar lo ocurrido en Asunción, Salinas anunció que remitirá dos copias del expediente a la Fiscalía General para continuar las investigaciones en la capital.

Dinero faltante debería ser retribuido a la ANDE

Agregó que el daño al Estado se investiga, pese a que las víctimas y los gestores llegaron a un acuerdo con la devolución parcial de G. 600 millones, quedando un saldo pendiente de G. 175 millones que debe ser restituido a la ANDE.

Entre los imputados se encuentran los supuestos gestores Darío Flores y Anadelia Acosta Armoa, junto con sus cómplices Ovidio Oviedo y Juan Ramón Acosta, padre y pareja de Acosta Armoa, respectivamente. La investigación sigue en curso y se espera una conclusión para febrero del próximo año.

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