Juez ordena el cierre de cuenta de Facebook de exfuncionaria de Gobernación de Paraguarí

PARAGUARÍ. El juez de Paz de la Décima Circunscripción Judicial de Paraguarí ordenó a una exfuncionaria de la Gobernación de Paraguarí eliminar de manera permanente su cuenta de Facebook. En dicha red, la denunciada reveló supuestos hechos de corrupción en la gestión de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC).

Imagen de referencia. Facebook.
Imagen de referencia. Facebook.SASCHA STEINBACH

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El juez Óscar Villalba ordenó a la denunciada Diana Patricia Meza, quien se desempeñaba como auxiliar en la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de Paraguarí, que borre de manera definitiva su cuenta de Facebook, identificada como “Patty Pattydu”. Además, eliminar las publicaciones, fotos y videos que se refieran de manera directa o indirecta a la gobernadora Zárate de Monges.

La gobernadora de Paraguarí y presidenta del Concejo de Gobernadores del Paraguay, Norma Zárate de Monges (ANR-HC).
La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC).

El juez tomó dicha determinación como medida cautelar provisional y dictó otras medidas como la prohibición de acercarse a la gobernadora en un radio de 100 metros.

En la orden judicial también se señala que la denunciada tiene prohibido proferir improperios, insultos, ofensas, amenazas, publicaciones y cualquier otro acto que constituya violencia verbal, psíquica, física o telemática contra la ejecutiva departamental.

La gobernadora presentó la denuncia contra la exfuncionaria de la Gobernación, en virtud de la Ley N° 5777/16 y la Ley N° 1600/00. El juez notificó a Meza para su audiencia el próximo miércoles 16 de octubre a las 10:00.

Censuran a funcionaria destituida

La exfuncionaria de la Gobernación manifestó que comenzó a realizar algunas críticas en su cuenta porque había compañeros de trabajo en dicha institución que ya estaban cobrando el salario mínimo vigente y otros no. La ejecutiva departamental no se hacía encontrar para hablar del tema con los funcionarios.

En uno de los contratos aparece la docente Ana María Flores y el funcionario judicial y chofer de la Unves de Paraguarí, Hugo Zorrilla.
En uno de los contratos aparece la docente Ana María Flores y el funcionario judicial y chofer de la Unves de Paraguarí, Hugo Zorrilla.

Manifestó que en sus publicaciones no menciona a la gobernadora, pero que, como al ex gobernador colorado de Paraguarí, Miguel Cuevas, le pusieron de apodo “Merlín”, ella es “Merlina”. Se sintió aludida y compartió algunos documentos donde había llamativos contratos de compromiso en los que se le transfería a comisiones montos de dinero millonario.

Algunas de las comisiones incluyen a funcionarios judiciales de Paraguarí y algunos docentes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), sede Paraguarí, y varios otros hechos, dijo Meza. El caso específico es el contrato para la mejora de la plaza Mariscal Francisco Solano López, donde se invirtió G. 306 millones.

Entre los que firmaron los contratos fueron identificados Verónica María Martínez Morínigo, docente de la Unves, funcionario de judicial y de la Unves, Hugo Cesar Zorrilla Sequeira y el funcionario de la Corte Suprema de Justicia, Isabelino Cardozo Cabrera, manifestó la afectada con la medida judicial.

Manifestó que esta situación no se va a quedar en vano: “Ella me está perjudicando porque sabe que tengo cuatro hijos que dependen de mí, y uno en especial porque tiene capacidades diferentes”.

Desvinculada por criticar gestión de gobernadora

“Por algunas críticas a su gestión que publiqué en mi página, se tomó por aludida. Primero me mandó a advertir que cuidara lo que estaba publicando”. Sin embargo, después de siete años de servicio, el pasado 2 de este mes, la gobernadora me envió mi desvinculación como funcionaria, siendo que mi contrato fenece recién el 31 de diciembre de este año”, dijo Meza.

La plaza Mariscal Francisco Solano López, cuya refacción costó G.306 millones.
La plaza Mariscal Francisco Solano López, cuya refacción costó G.306 millones.

Finalmente, dijo que es injusta esta situación porque “todos tenemos la obligación de denunciar hechos de corrupción, y se espera de quienes imparten justicia investigar de oficio y no atacar con notificaciones judiciales ni pretender censurar a quienes hacen públicas las irregularidades”.

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