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La funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Armoa es una de las principales sospechosas por el despojo de G. 725 millones de una indemnización que debían recibir dos familias de víctimas fatales de un accidente con un cable de la ANDE.
Ante este caso, fue imputada ella junto con el abogado Darío Flores, y como cómplices también fueron imputados Ovidio Oviedo y Juan Ramón Acosta, novio y padre de la mujer, respectivamente.
Sobre el caso, el abogado Marcial Ayala -representante legal de Anadelia Acosta y Darío Flores- anunció esta mañana que hubo una devolución de G. 600 millones a las partes afectadas, un dinero que habría sido en efectivo y cada familia -G. 300 millones para cada una- aceptó.
Ahora se da a conocer la existencia de un contrato de acuerdo -con fecha de ayer- entre Anadelia y las familias afectadas, esto supuestamente bajo voluntad de ellos con la intención de lograr “amistoso acuerdo” y este documento certificaría la entrega de ese dinero.
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Aún falta devolución de dinero
Pese a esta llamativa devolución en días nada más de saltar el caso, supuestamente antes ya hubo otra entrega de G. 45 y 30 millones para las familias en concepto de “gestores y abogados” de los afectados del monto total de G. 800 millones.
Con estas dos devoluciones, de igual manera aún faltarían G. 125 millones que deben ser entregados a las partes afectadas por un accidente fatal generado por un cable de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Por su parte, la fiscala Norma Salinas -encargada de investigar este millonario despojo- precisó esta mañana que hasta ese momento aún no contaba con una información que compruebe la devolución de ese dinero.
Asimismo, señaló que más allá del supuesto hecho de apropiación también existen “otros hechos punibles graves” que deben ser investigados, como por ejemplo la utilización de un poder especial “de contenido falso” para el cobro por parte de Darío Flores de los cheques de indemnización emitidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF).
