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La jueza penal de garantías de la localidad de Lambaré, abogada Ana Esquivel, rechazó por segunda vez el pedido de desestimación presentado por la fiscal de Fernando de la Mora, Milena Basualdo, con relación al supuesto abuso sexual en niños, que involucra al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, colorado cartista, cuando se desempeñaba como director de un colegio de la zona.
La magistrada deriva de nuevo el expediente a la fiscalía adjunta para su análisis correspondiente y autorizar la prosecución de la investigación o ratificar el pedido de la representante del ministerio público.
El 6 de setiembre pasado, la cuestionada fiscal presentó al juzgado de Lambaré el pedido de desestimación de la denuncia presentada contra el jefe comunal de Ñemby, alegando que podrían ser falsas.
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Ya en abril pasado, la agente del ministerio público ya había solicitado desestimar la causa, pero el fiscal adjunto, Edgar Moreno, rectificó el pedido y ordenó a la fiscal seguir con las diligencias; sin embargo, Basualdo no profundizó el caso y reiteró el pedido y que nuevamente fue rechazado.
La agente fiscal alega que existen fundadas sospechas de la inexistencia del hecho punible y que se han agotado todas las diligencias. También habló de testimonios falsos y que los denunciantes
Celebra determinación
El abogado de los denunciantes, Gerónimo Abrahán González, celebró la determinación de la magistrada y espera que la fiscal Basualdo realice las diligencias necesarias para llegar a la verdad de todo lo denunciado.
Dijo que desde diciembre pasado la fiscal Basualdo lleva la causa, pero con todo el tiempo transcurrido nunca llamó a ninguna de las víctimas a testificar y que incluso omitió un informe psicológico sobre un cuadro de depresión moderado de uno de los denunciantes.
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“Llama poderosamente la atención que la fiscal no llame a declarar a ninguna de las víctimas y tome con ligereza el pedido de desestimación sobre un caso tan grave, y celebramos que la jueza haya rechazado”, expresó el abogado defensor.
Agregó que: “una desestimación que a todas luces estaba estructurada en los mismos argumentos de la defensa, un requerimiento que al dar lectura revictimizaba a los denunciantes y no podíamos creer que la representante de la sociedad evidencie tanta parcialidad hacia una de las partes”, subrayó el abogado.
Dijo que la representante del ministerio público se ratifica en su pedido de cerrar el caso y que la causa se encuentra en la Fiscalía General del Estado para resolver si se ratifica en la decisión del inferior jerárquico o recomienda nuevas diligencias.
También exigió que la FGE investigue a sus fiscales, debido a que este tipo de actuaciones generan suspicacias y debilita, aún más, la ya muy desprestigiada imagen del ministerio público.