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Anadelia Acosta Armoa es la principal sospechosa de liderar el esquema de apropiación de G. 720 millones de una indemnización que destinó la Administración Nacional de Electricidad para dos familias de fallecidos por una electrocución en Caaguazú. En sus redes sociales, el 14 de agosto se difundió una fotografía de una reunión que mantuvo con el presidente de la ANDE, Félix Sosa.
Ese encuentro se dio apenas 10 días después de la muerte de los dos trabajadores, Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), por un cable dañado de la ANDE.
En la imagen también aparece el abogado Darío Flores Mendoza, el principal gestor de las documentaciones utilizadas para la apropiación del dinero, sin que los beneficiarios se enteren. Igualmente, participó del encuentro Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja de Acosta Armoa y uno de los testigos que acudieron a la escribanía para obtener un poder que usaron para retirar el efectivo.
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Unos 15 días después de esa reunión, los “gestores” consiguieron un documento de escribanía, mediante el cual una de las víctimas le otorgaba al abogado Flores Mendoza el poder para representarla legalmente. Sin embargo, según lo explicó la misma fiscala que encabeza la investigación, ese documento no era suficiente para retirar el dinero del banco, debido a que los cheques eran de carácter intransferible.
La foto fue compartida por el medio local Caaguazú Noticias, que viene dando seguimiento al millonario despojo que involucra a al menos ocho personas, varias de ellas muy conocidas de la comunidad.
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La versión del presidente de la ANDE
En contacto con ABC, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, dijo que no recuerda con exactitud la fecha de la reunión, pero confirmó que la mujer solicitó una audiencia con él de manera formal.
Relató que no era la primera vez que la veía en la institución, pues con frecuencia se presentaba ante las oficinas de la ANDE como funcionaria del Congreso, comisionada al municipio de R.I.3 Corrales, para hacer varios pedidos para su comunidad.
Señaló que es habitual que los familiares de víctimas o representantes legales lleguen hasta la ANDE para realizar consultas y, al mismo tiempo, pidan una audiencia con el presidente para corroborar los procedimientos. “Parece que si no le dice el presidente de la ANDE, no creen que es así lo que deben hacer”, consideró.
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Detalló que ese día la Asesoría Legal le brindó los detalles de cómo pedir una indemnización y que luego él también les confirmó los documentos que debían presentar.
Sobre la rapidez para ejecutar una indemnización tan millonaria, recalcó que es una práctica habitual de la ANDE, pues solo determinan la culpabilidad de la institución y luego buscan un acuerdo administrativo, debido a que llegar al ámbito judicial sale más caro. “El monto de G. 400 millones es el promedio”, señaló y dijo que no hace mucho tuvieron un caso similar en una comunidad cercana a Caaguazú.
Finalmente, recalcó que él posa para fotografías con muchas personas en su oficina y constantemente representantes de diversas comunidades llegan para reunirse con él en su despacho.
