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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación que planteó la defensa del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa Burgos y confirmó la elevación de la causa que afronta junto al empresario Alberto Koube Ayala.
El recurso fue promovido por los abogados Gustavo González Planas, Rodrigo González Planas y Rodrigo González Masulli el contra del Auto Interlocutorio N° 143 del 27 de junio de 2023 por el cual la Cámara de Apelaciones confirmó que el ex ministro de Emergencia Nacional va a juicio oral junto al empresario, como resolvió el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia.
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Roa está acusado como autor de los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos; mientras que el empresario Koube está procesado como coautor de lavado de dinero, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de activos.
Los ministros María Carolina Llanes, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia, integrante de la Sala Penal del máximo tribunal, concluyeron que el recurso planteado por la defensa es inviable, ya que no cumple con lo establecido en el Artículo 477 del Código Procesal Penal porque la resolución atacada por vía de la casación no pone fin al presente proceso.
Roa direccionó licitaciones, según fiscalía
De acuerdo a la acusación sostenida por el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, el ex ministro de la SEN recibió dádivas de parte de su amigo Koube Ayala a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
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Roa estuvo a cargo de la SEN entre 2013 y 2022, pero según la fiscalía entre 2018 y 2021 adjudicó licitaciones y contrataciones en forma sistemática a Alberto Koube por G. 16.080 millones.
El total 11 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al ahora acusado, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros, de acuerdo a la acusación del fiscal Silvio Corbeta.
Esta causa es un desprendimiento del caso A Ultranza y surgió tras los datos obtenidos con los allanamientos hechos desde el 22 de febrero de 2022, así como la inmovilización del yate “Antares”, registrado a nombre del grupo “Tapyracuai SA”, representada por Alberto Koube, y que habría recibido Joaquín Roa a cambio de redireccionar licitaciones.