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El 3 de agosto de este año, Antonio Acosta Contrera (53) y Mariano Ramírez Casco (43), dos vecinos, perdieron la vida por una electrocución en la compañía Jagua Kai de Caaguazú. A raíz de la tragedia, la entidad destinó millonarias indemnizaciones a beneficio de los familiares de las víctimas.
Según lo confirmó el propio presidente de la ANDE, Félix Sosa, el 8 de setiembre emitieron dos cheques por valor de G. 400 millones, para cada familia, es decir G. 800 millones en total. Sin embargo, ambas familias habrían sido víctimas de personas que se ofrecieron para hacer el trámite y a gestionar el cobro. Según la denuncia, solo recibieron G. 30 millones una y G. 50 millones la otra.
Desde su humilde vivienda, doña Juana Honorina Casco (77), la madre de Mariano Ramírez, relató que dos personas, una vecina y su abogado, se ofrecieron a hacer los trámites para que puedan cobrar la indemnización. Luego de varias visitas, tanto ella como su hijo firmaron varias autorizaciones; ella solo pudo estampar su huella, pues no sabe leer ni escribir.
“Un día volvió ella. Me pidieron firmar un documento a mí y a mi hijo. Firmamos los dos, luego ellos se miraron y me llevaron a la pieza. Me dijeron que ya estaba mi plata. Tenía una bolsita bajo el brazo, con cuatro rollos, me dejó tres y llevó uno otra vez para ellos”, relató la mujer para la emisora local Radio Alborada.
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Contó que ese día, antes de firmar, solo les hicieron entender que era un papel para seguir con las gestiones y recién después les dijeron que ya cobraron y que tenían su dinero. También dijo que firmaron una hoja en blanco. En total, esta familia apenas recibió G. 30 millones, del monto de G. 400 millones que figura en el cheque emitido por la ANDE.
Esta familia vive en una casita muy humilde, construida con madera y en medio de numerosas precariedades. Ni siquiera cuentan con un baño y tienen una precaria letrina.
La ANDE espera que culpables sean castigados
El director de Asesoría Legal de la ANDE, Nelson Medina, compartió con ABC los cheques, de fecha 5 y 18 de setiembre. Explicó que los cheques pueden ser retirados por los abogados que representan a las familias, pero son de carácter intransferible, es decir, solo las personas que figuran en el documento pueden efectivizarlos, ya sea retirando el efectivo en un banco o depositándolo en una cuenta bancaria.
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El mismo confirmó que ya contactó con la fiscala Norma Salinas de la localidad de Caaguazú, quien tomó inmediata intervención cuando recibieron la denuncia. “Aparentemente, la fiscala ya tiene clara la situación, esos cheques fueron percibidos por personas que no tenían por qué haberlo hecho”, detalló.
Destacó que, según los datos iniciales, los abogados habrían actuado con anuencia de uno o más funcionarios del Banco Nacional de Fomento. “Ese monto que la ANDE pagó tenía que haber llegado íntegramente en la mano de los familiares”, declaró.
“Para nosotros es una cuestión lamentable. Después de emitir el cheque no tenemos el control sobre lo que sucede. Desde la ANDE tenemos absoluta predisposición para esclarecer esto. Estamos indignados”, enfatizó y agregó que esperan que los culpables reciban la sanción que corresponda.
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Fiscala habla de al menos ocho involucrados en el esquema de apropiación
La fiscala Norma Salinas relató que tomó conocimiento del caso a través de un comunicador local. Contó que ya tuvo acceso a la escritura pública donde se confirma que el monto era de G. 400 millones para cada familia. En contacto con ABC, indicó que ya conversó con las víctimas y tiene el modus operandi definido.
Las familias identificaron al abogado como Darío Flores y a la mujer como Ana Delia Acosta, quien no tiene matrícula para ejercer el derecho. Además, participaron el padre y el hermano de la mujer.
Así también, pidió informes a la sede del Banco Nacional de Fomento en Repatriación, que fue donde las personas cobraron los cheques. También pidió a uno de los escribanos un informe detallado y la otra escribana involucrada ya se presentó para ponerse a disposición, pues ella señaló que no llegó a inscribir el poder, por lo cual el cheque no debía ser cobrado por terceros.
“El cheque es intransferible. El banco no debió pagar en esas condiciones”, destacó y detalló que hay al menos ocho personas que formaron parte de este esquema de apropiación, cuya pena es de hasta 8 años de cárcel.
No obstante, señaló que en el transcurso de la investigación se podrían sumar otros tipos penales. “En todo se transgredió”, enfatizó y lamentó que incluso uno de los involucrados acudió hasta la vivienda de la víctima para coaccionarla.
En total, las personas se habrían apropiado de G. 720 millones. “Lo lamentable es que se abusó de personas de escasos conocimientos, es gente analfabeta, gente que nunca cursaron un grado”, lamentó y agregó que son de muy escasos recursos y gente muy noble. “La mamá no tocó esos G. 30 millones, para honrar la memoria de su hijo”, enfatizó.