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Sady Carolina Barreto Torres, jueza de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Paraguarí, presentó esta mañana una denuncia en contra de Jorge Bogarín Alfonso y Asdrúbal Fretes (hijo del exministro de la Corte Antonio Fretes), además de otras personas, por supuesto tráfico de influencias y otros delitos.
Ovidio Arévalo, representante legal de la jueza, explicó que la denuncia obedece a un procedimiento de “apriete” del que habría sido víctima su defendida, por parte de estas personas, para torcer su voluntad en un caso que estaba a su cargo.
Según la denuncia, la parte demandada de una causa -una empresa- había utilizado sus conexiones con el poder para utilizar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para montarle una causa y lograr así su remoción del cargo.
El abogado explicó que los hechos datan de noviembre de 2022, cuando Jorge Bogarín Alfonso ocupaba la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en tanto que Antonio Fretes (padre de Asdrúbal) ocupaba aún un lugar en la Corte Suprema de Justicia.
Causa tocaba intereses económicos y políticos, dice abogado
Consultado sobre si habría más personas involucradas en el esquema, el abogado señaló que no descarta que de una investigación profunda de la Fiscalía, si hay voluntad de hacerlo, puedan saltar más nombres influyentes y aseguró que la causa habría tocado varios intereses económicos y políticos.
“Necesariamente, surgirán otros nombres que están en el seno de la Corte Suprema de Justicia, como también en el Parlamento, ya sea diputados o senadores”, dijo, aclarando que habrían sido afectados por la decisión de la magistrada.
“La abogada de la empresa (le dijo) que si ella no accedía al pedido, prácticamente su carrera judicial como magistrada terminaba. Se le llevó a ella un pendrive con un proyecto que tenía que imprimir la resolución y simplemente firmar y si no firmaba se atenía a las consecuencias”, añadió.
En la denuncia presentada, está incluida también la abogada María Graciela Fariña Romero, representante legal de la firma “Fair Trade Acquisitions Corp”, quien, según el abogado, “fue la mano derecha de estas personas del poder que enviaron la orden que ella debía de cumplir”, explicó.
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Empresa fantasma, según abogado
El defensor de la jueza señaló que pese a ser una empresa fantasma que ni siquiera tiene domicilio en el país ni está inscrita ante el organismo tributario, “sin embargo, ellos mencionan que movió muchísimo dinero. Estamos hablando de US$ 14 millones”, explicó.
Explicó que, pese a todos estos hechos, su defendida habría sido destituida, pese a no ser notificada, en la sesión del JEM del pasado 17 de septiembre. “Hay una fuerte tendencia hacia su remoción del cargo”, indicó.
A esto se suman las declaraciones que habría hecho el ministro César Garay en el seno de la máxima instancia judicial al día siguiente, que “mencionó al pleno de la Corte que ella está removida del cargo”, remarcó.
Aseguró que tienen suficientes pruebas documentales para demostrar la forma en la que estas personas habría operado para torcer la decisión de su defendida y que serán puestas a disposición del Ministerio Público.