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Roberto Melgarejo, actual superintendente de Salud, detalló el manejo dentro de su dependencia y de las necesidades que tienen en cuanto a funcionarios. Fue consultado en ABC AM 730 de las dificultades para el control y verificación de servicios de sanitarios que puedan operar de manera ilegal en el país.
Expresó que tiene solo tres fiscalizadores, un editor contable y cuatro personas para la auditoría médica. En total, la Superintendencia de Salud funciona con 60 funcionarios en otras funciones.
Lo ideal, según su titular, es que tengan entre 180 y 200 en esta área que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El propósito, explicó, es que trabajen con fiscalizadores departamentales para evitar el envío desde Asunción, con los gastos y tiempo que ese procedimiento conlleva.
Considera que puede ser una opción valedera que esta superintendencia sea un ente con presupuesto propio e independiente a la cartera sanitaria, porque incluso una de sus facultades es controlar al ministerio.
Cree que la burocracia no les permite crecer en infraestructura. “Tengo prevista una reunión con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos para explicar el rol que tenemos”, sostuvo.
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Insistió en que no existe persecución política en caso de la clínica de primo del senador Buzarquis
Esta semana fue noticia la discusión cara a cara entre el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. Antes del mediatizado encuentro, el legislador acompañó una protesta ciudadana, de la que también participó, su primo Víctor Buzarquis, propietario de EMPE (Servicios extra hospitalarios base operativa)
Este jueves, la Superintendencia clausuró esta sede, según dijo Melgarejo, porque no funcionaba para lo que estaba habilitado. Su registro era para el servicio de ambulancias y no para atención médica domiciliaria y medicina laboral.
“Deberían presentar documentaciones, ponerse al día en sus cánones, pago de aranceles y verificar su registro de operatividad y posteriormente se daría una rehabilitación”, sostuvo. Aclaró que al enterarse del caso tras el careo entre el senador y el intendente, indagaron un poco más y hallaron estas irregularidades.
“No existe persecución política si incluso procedimos en un hecho anterior de una dependencia con un diputado”, alegó ante las suspicacias por la intervención a la clínica de Buzarquis.