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Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se reunieron el pasado 17 de junio, para conformar un equipo y trabajar un protocolo unificado para implementar compras conjuntas de medicamentos contra el cáncer, entre ambas instituciones.
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La doctora Patricia Luraschi, directora de Insumos Estratégicos del Salud Pública, afirmó en ese entonces que las reuniones entre instituciones se estaban desarrollando desde el 2023 y que el objetivo es adquirir 10 fármacos oncológicos. Indicó también que existe otro proyecto más avanzado para la adquisición conjunta de medicinas para tratar la hipertensión y la diabetes.
Semanalmente, los pacientes con cáncer denuncian la falta de medicinas oncológicas, principalmente en el IPS, donde desde hace tiempo existen problemas en el abastecimiento de sus farmacias. Ante esta crisis, las autoridades del seguro social habían prometido avanzar rápidamente con las negociaciones y dar respuesta a las necesidades de los aportantes. La situación mejoró un poco en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), tras la renuncia del doctor Raúl Doria como director general y la intervención del hospital, según los pacientes.
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No obstante, el presidente de la previsional, doctor Jorge Brítez, aseguró a ABC que las compras conjuntas entre Salud Pública y el IPS, recién se podrían dar en el 2025.
IPS: terminó tiempo para licitar, dice presidente Brítez
Brítez afirmó a ABC que el IPS sigue trabajando en el citado protocolo para su aplicación, pero que ya no podrá ser ejecutado este año por los cambios en la ley de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Estamos viendo la forma y todavía estamos trabajando en eso. Probablemente esas compras conjuntas ya se van a realizar el año que viene, porque solamente hasta ayer (19 de septiembre) teníamos oportunidad de licitar, de poder aprobar nuestra licitaciones, por la nueva Ley de Contrataciones Públicas”, expresó Brítez.
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Las nuevas reglas para compras públicas estipuladas en la Ley N° 7021/23 (que reemplaza a la Ley N° 2051/03) fue reglamentada en agosto por el presidente de la República, Santiago Peña. Entre otras cosas determina que autoridades y sus familiares no pueden proveer al Estado.