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Diego Fernando Parra Arboleda, conocido en redes sociales por ofrecer lectura de cartas de tarot y otros servicios esotéricos, cuenta con arresto domiciliario por disposición del juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Es en la causa que afronta por supuesta estafa.
En la audiencia de revisión de medidas realizada a petición de la defensa, el abogado defensor Roberto Brusquetti ofreció en fianza real un inmueble ubicado en Ñemby, propiedad del procesado y de su esposa Karina Acosta de Parra, tasado en G. 527.585.915.
El ofrecimiento de la defensa se debe a que en una audiencia realizada el 11 de setiembre último, oportunidad en que se rechazó la revisión de medidas cautelar, la fiscala Irma Llano expresó que no oponía reparos a la concesión del arresto domiciliario, siempre y cuando la defensa presente las condiciones de domicilio de inmueble ofrecido en caución real.
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Embargo sobre inmueble y restricciones para tarotista
Tras constatar el cumplimiento del mencionado requisito, el magistrado decretó embargo sobre la propiedad, para otorgar la medida menos gravosa a la prisión preventiva. Prohibición de cambiar de domicilio sin comunicar al juzgado y de salir del país son las demás restricciones establecidas por el juzgado.
Diego Parra cumplirá la medida bajo control aleatorio de la Policía Nacional en el local ubicado en la avenida Fernando de la Mora casi Amancio González, donde fue detenido junto a su esposa el 12 de junio pasado y que es el local donde presta servicios esotéricos bajo la denominación de “Maestro Diego Parra”.
En aquella ocasión, una comitiva fiscal-policial encabezada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, y agentes allanó el local en seguimiento de una investigación abierta a partir de una denuncia de millonaria estafa. Otros cuatro allanamientos se realizaron en forma simultánea y además del matrimonio Parra, también fue detenida Milca López, exfuncionaria de una entidad financiera.
En conversación con ABC, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado de Cibercrimen, explicó en aquel entonces que la principal sospecha que tenían era que Milca López habría utilizado datos sensibles de clientes para acceder a sus cuentas y que la estafa bancaria investigada tenía un perjuicio de G. 1.200 millones.
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Denuncia de millonario perjuicio involucra a exfuncionaria de financiera
“La denuncia habla de un aproximado de G. 1.200 millones y muchas cuentas comprometidas; primero hay un acceso indebido de datos y estafa”, detalló el jefe policial.
A su vez, la fiscala interviniente, Ruth Benítez, reveló que la empleada de la financiera tenía acceso al sistema de activación de tarjetas de crédito que son ofrecidas a clientes, debido a que por sus funciones contaba con los permisos gerenciales.
De ese modo, aparentemente, activó una tarjeta de crédito mediante la cual habría ejecutado el desvío de fondos, de acuerdo a los datos manejados. Para intentar ocultar la maniobra se fueron ejecutando pagos ficticios que burlaban el sistema de la financiera, aunque no ingresara dinero alguno.
De acuerdo a los informes del Ministerio Público, en los casi dos años que ejecutó la maniobra, entre 2022 y 2024, desvió alrededor de G. 1.774 millones al ejecutar 610 operaciones contabilizadas hasta la fecha.
De ese total, 53 operaciones fueron ejecutadas a través del sistema de cobro POS (point of sale o terminal de punto de venta) que figuraba a titularidad del tarotista y su esposa, quien sería peluquera.
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“Maestro” cobraba G. 22 millones por cada sesión de “parapsicología”
En total, mediante el vínculo entre la pareja y la empleada de la financiera se desviaron unos G. 1.200.400.000, según precisó la fiscala.
Parra quiso justificar que dicho millonario monto se debió al pago por sus servicios, lo que hace suponer que cada sesión de “parapsicología” le costaba más de G. 22 millones a la empleada detenida. Sin embargo, comentó la fiscala que no pudo demostrar ello mediante ninguna factura tributaria, por lo que dicha práctica se configuraría bajo el hecho punible de estafa”.
“Unas 53 operaciones que totalizaron la suma de G. 1.200 millones se efectivizaron a través de Diego Parra. Al momento del allanamiento y al incautar facturas no hemos encontrado un soporte que me dé cuenta de algún servicio prestado por esos montos”, explicó Benítez.