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La jueza de garantías de la localidad de Lambaré, Ana María Esquivel, no define aún sobre el futuro de los cinco agentes de la Patrulla Caminera, imputados por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre tras realizar una barrera ilegal y que ocasionó un accidente fatal.
La magistrada es cuestionada por su negligente labor. Por otro lado, los familiares de los dos jóvenes fallecidos ayer de madrugada sobre la ruta PY01 exigen mayor celeridad en el caso para que no termine en el tradicional “oparei”.
Antes del mediodía de hoy fueron trasladados los agentes procesados hasta el juzgado de Lambaré para la imposición de medidas, pero esta hora, la magistrada no dio a conocer la resolución de las medidas adoptadas.
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Los dos inspectores guardan reclusión en la comisaría 63 de San Antonio y las tres mujeres fueron trasladadas hasta la dependencia policial de Ñemby para guardar reclusión por orden de la fiscal de la causa, Gladys Paredes.
La referida agente imputó por homicidio culposo e intervención peligrosa en el tránsito terrestre, debido a que los inspectores de la caminera realizaban control en un lugar oscuro y no usaron los equipos que advertía la presencia.
Control irregular
La caminera detuvo a un camionero que supuestamente pasó la luz roja del semáforo. El conductor no logró ingresar en la calzada y una moto chocó por la parte trasera del camión. En la motocicleta se desplazaban dos jóvenes, que fallecieron en el lugar tras sufrir traumatismo de cráneo-encefálico.
Las víctimas fatales fueron identificadas como: Renato Rojas López (35) y Júnior César González Barrios (26). Los mismos fueron sepultados hoy: el primero, en el cementerio de Ñemby; el otro, en localidad de Cerro Corá, departamento de Amambay.
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Según una fuente del juzgado, la jueza esperará hasta último momento para dar a conocer su decisión, que según adelantaron otorgaría arresto domiciliario a todos los procesados.
Intentamos dialogar con la jueza, pero la misma no atendió las llamadas ni respondió los mensajes.