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La Contraloría General de la República también emitió un comunicado sobre la postura tomada por la Asociación de Abogados Laboristas del Paraguay respecto al juicio de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y cuya intervención califican de indebida.
Lo que dice el comunicado del gremio de abogados
- La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) sostiene que la intervención de la Procuraduría General de la República en procesos laborales promovidos contra Copaco SA es inconstitucional e ilegal.
- La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA) es una persona jurídica de derecho privado según el Art. 91 inciso 1) del Código Civil: “las personas jurídicas son sujetos de derecho distintos de sus miembros y sus patrimonios son independientes”. La Ley N° 7278/2024 “Que regula la Organización Administrativa del Estado”, dispone en el Art. 3º: “Quedan excluidas de la presente ley las sociedades económicas con participación accionaria mayoritaria del Estado, que se ajustarán a las disposiciones del Código Civil, las leyes particulares que las rijan y las normativas vigentes en sus respectivos estatutos”.
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Comunicado de la Procuraduría
- Aclara que lo dispuesto en el artículo 717 del CPC y la obligación de defender los bienes del Estado hacen mandatoria la intervención de la PGR en estos casos. Copaco SA sí es una empresa pública, el 100% de sus acciones son del Estado paraguayo.
- La PGR seguirá con la solicitud de levantamiento de los embargos irregulares que pesan sobre los bienes de Copaco SA y sobre cualquier otra entidad que afecte el patrimonio del Estado.
- De esta manera, la Procuraduría General de la República seguirá cumpliendo con el objetivo del Gobierno del Paraguay, de salvaguardar los bienes del Estado paraguayo, que son los bienes de la ciudadanía.
Embargos sobre bienes de Copaco
El pasado 11 de noviembre la Procuraduría General de la República logró la anulación del embargo sobre G. 5.344 millones en bienes de Copaco. El fallo garantiza la protección de los activos de la compañía en beneficio del Estado.
El Juzgado analizó que los bienes son inembargables por ser una entidad estatal.