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Por siete votos, el JEM decidió remover de su cargo a Sady Carolina Barreto Torres, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la ciudad de Paraguarí.
La denunciante abogada María Graciela Fariña Romero señaló en su denuncia que el 14 de noviembre de 2022, la jueza dio trámite a una demanda caratulada “Ana Lidia Mora de Ramírez c/ Juan Manuel Urrustarazu Diarte s/ nulidad por simulación”, planteada por la abogada Ana Lidia Mora de Ramírez, en contra de la firma Fair Trade Acquisitions Corp., en la Jurisdicción de Paraguarí.
Sin embargo, el juicio de nulidad por simulación pretende la nulidad de actuaciones del expediente caratulado “Claudio Vera Larroza c/ Juan Manuel Urrustarazu Duarte y otros s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”, demanda que radica en la Ciudad de Asunción, actualmente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Tercer Turno.
La admisión de la demanda por parte de la jueza Barreto Torres se realizó pese a que el art. 7° del contrato que se pretendía impugnar refiere: “Para todos los efectos legales de este contrato, las partes se someten voluntariamente a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Asunción”, con lo que se demuestra la incompetencia de la magistrada.
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Los motivos del mal desempeño de funciones
Según el expediente, la jueza destituida dio trámite a la demanda de nulidad por simulación en la jurisdicción de Paraguarí, que tiene por objeto anular actuaciones de un juicio ejecutivo que radica en otra jurisdicción (Asunción); cambió de carátula de fraude pauliano o acción revocatoria, sin una providencia que así lo disponga, por el de “nulidad por simulación”.
También eludió la cláusula 7° de la Escritura Pública Nº 38 del 15 de diciembre de 2016 en la que se pactó como la jurisdicción competente a los Tribunales de Asunción, lo que se traduce en su incompetencia en razón del territorio y otorgó medidas cautelares sobre los inmuebles individualizados como Fincas Nº 416, 419 y 420 del Distrito de Paso Yobái, del departamento de Guairá, de manera irregular, sin reunir los recaudos legales establecidos para el efecto en el Art. 693 del Código Procesal Civil (CPC); .
Además, aceptó como contra cautela una fianza personal por una suma irrisoria e insignificante de US$ 100.000, comparado al valor de los inmuebles en litigio, vulnerando así el principio de proporcionalidad y moderación;
En el expediente no se observa ninguna apertura de cuenta judicial donde se encuentre depositado el dinero de la fianza personal que sirvió de contra cautela para la obtención de medidas cautelares, a fin de que la solicitante pueda responder por los daños y perjuicios causados por haber sido solicitado sin derecho; incurriendo así la hoy denunciada en responsabilidad civil, de conformidad a lo previsto en el art. 16 del CPC.
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Omitió realizar el control pertinente respecto del pago de la tasa judicial, a fin de dar trámite al juicio, incurriendo en responsabilidad solidaria, según el Art. 8 de la Ley Nº 669 por el pago del 0,50% del contenido patrimonial del juicio que se pretende anular (juicio ejecutivo).
La jueza Sady Carolina Barreto Torres ya fue “salvada” en muchísimas ocasiones por el JEM ante presuntas irregularidades en su actuación como magistrada de la Jurisdicción de Paraguarí; sin embargo, es la primera sentencia que recibe por parte del órgano.
Posponen proceso a fiscal denunciado por acoso sexual
El JEM también debía tratar hoy la causa n.º 63/2019 caratulada: “ABG. PATRICIO GAONA, Agente Fiscal Adjunto del Área III – Departamento Central s/ Enjuiciamiento”, del expediente caratulado: “Patricio Gaona Franco s/ Acoso Sexual”.
Gaona fue acusado por acoso y abuso sexual del que resultó víctima una estudiante de Derecho, en Quiindy, Paraguarí, proceso que llegó a final en mayo del año pasado, cuando el proceso se archivó luego de que el representante del Ministerio Público llegara a un acuerdo económico con la víctima, para el retiro de la instancia.
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Gaona tuvo varias denuncias por el mismo tipo penal, de mujeres que habían concurrido cuando él se desempeñaba como fiscal en Mariano Roque Alonso y también denuncia de funcionarias ante la Fiscalía General del Estado.
Los hechos investigados habrían ocurrido durante la administración de los fiscales Rubén Candia Amarilla, Javier Díaz Verón y Sandra Quiñónez. Precisamente una de las testigos es una funcionaria que ahora se desempeña como agente fiscal y la directora de Talentos Humanos del Ministerio Público.
Según la fiscal Teresa Sosa, quien investigó las denuncias de acoso y abuso sexual contra Gaona, el procesado estaba muy conectado con el Partido Colorado y además era masón, de una logia muy importante.