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A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 216, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, ratificó la medida de prisión preventiva para el presunto líder paraguayo de una megaestructura criminal narcotraficante, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien fue acusado por el agente del Ministerio Público Deny Yoon Pak, en el marco del caso A Ultranza Py.
La defensa de Tío Rico, ejercida por los abogados Álvaro Arias y Miguel Ángel Mendieta Fernández, cuestionó que tras la audiencia preliminar -finalizada el 27 de agosto último- se haya dispuesto el traslado del encausado a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú, bajo las mismas estrictas reglas de vigilancia que recaían sobre él mientras estaba en Viñas Cue.
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En tal sentido Arias y Mendieta señalaron que “en todo momento y todos los informes relacionados a su conducta determinan que la misma fue celosamente encuadrada dentro de lo que se conoce como buena conducta” y a esto se suma que Insfrán, “no se encuentra condenado, tiene prisión preventiva, en segundo lugar, no ha infringido ninguna regla que le fuera impuesta y en estas condiciones no se le puede imponer permanentemente, como lo es ahora, reglas especiales para otro tipo de perfil de personas”.
Los defensores de Miguel Insfrán si bien no insistieron, en esta ocasión, en el levantamiento de la prisión preventiva y la imposición de otra medida, solo peticionaron que el procesado sea trasladado a otro establecimiento penal. A todas las peticiones hechas por la defensa, el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Christian Ortiz, solicitó el rechazo.
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Traslado fue para resguardar a Tío Rico, asegura jueza
“De las manifestaciones expuestas por los abogados defensores, no se constata fundamento alguno respecto a los peligros procesales, sino más bien, se refiere a un pedido de cambio del lugar de reclusión del acusado Miguel Ángel Insfrán a cualquier otra penitenciaria”, señala en su análisis la magistrada Rosarito Montanía.
“Esta Magistratura advierte, que el pedido de la Defensa Técnica, pudo haberse realizado a través de un escrito y no necesariamente por medio de una audiencia de revisión de medidas, pues la misma no reúne los requisitos exigidos”, añadió en otro momento.
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Posteriormente aclaró que, por el AI N° 196, resolución que elevaba la causa de Tío Rico a juicio oral, la jueza aclaró que “el ‘Penal Militar de Viñas Cue’ desde un inicio, había sido considerado como un lugar de reclusión provisorio, hasta tanto existan las garantías y condiciones de traslado a un centro penitenciario adecuado, dependiente del Ministerio de Justicia”.
Es en base a esa situación y “en atención a la peligrosidad de la delincuencia organizada de alto perfil y la lucha de poderes de organizaciones radicadas en las distintas penitenciarias, cuyos miembros guardan reclusión en los principales centros penitenciarios del país, que podrían poner en riesgo la seguridad nacional, como así también a los efectos de salvaguardar la vida y la integridad física del citado acusado”, es que Montanía dispuso el traslado.
Por estas consideraciones es que la magistrada resolvió mantener la prisión preventiva Miguel Insfrán, en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Minga Guazú. El acusado en A Ultranza fue extraditado a Paraguay el 19 de mayo de 2023 y desde esa fecha cumple la medida de encierro, primeramente estuvo en la Senad, el 25 de mayo de 2023 pasó a Viñas Cue donde estuvo hasta el 27 de agosto, cuando en horas de la tarde fue trasladado a Minga Guazú.
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Cámara revoca negatoria de libertad condicional para narcopiloto
El Tribunal de Apelación Penal, conformado por los magistrados José Waldir Servín Bernal, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Arnulfo Arias Maldonado, por medio del AI N° 205, resolvió revocar el AI N° 137 de la jueza de Ejecución Penal Sandra Noelia Kirchhofer González, con la que negó otorgar la libertad condicional al narcopiloto Diego José Cubas Jordán, condenado en procedimiento abreviado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza.
De acuerdo con el AI N° 8 del juez de Ejecución Penal, Diego Cubas fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por procedimiento abreviado, por lo que según el cómputo realizado por el citado juzgado el mismo tendrá por compurgada su pena el 15 de septiembre de 2.024. La mitad de la misma, la cumplió el 15 de junio de 2023, por lo que desde el 15 de noviembre de 2023 ya estuvo habilitado para solicitar su libertad condicional.
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En ese marco, el narcopiloto solicitó su libertad condicional ante el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Sandra Kirchhofer, quien rechazó dicha salida procesal.
La magistrada fundó su rechazó con que “para la obtención del beneficio de la libertad condicional, no solo es suficiente el transcurso del tiempo, pues resulta imprescindible que el señor Diego José Cubas Jordán acredite su evolución durante la ejecución de la condena, tanto en el ámbito del régimen penitenciario, como en relación al tratamiento recibido durante los años de reclusión, situación que en el caso particular no se encuentra presente, por lo que se verifica que el interno no es apto para obtener el beneficio solicitado”.
A su vez el Tribunal de Apelación consideró como “no oportuna” la propuesta de la jueza, que ordenó el tratamiento psicológico, cada 15 días, por tres meses, para que se le otorgue el beneficio procesal. Esto en atención a que, Cubas “ya lleva cumplido a la fecha las dos terceras partes de la pena requisito y que la compurgará en su totalidad en fecha 15 de setiembre de 2024″.
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Tío Rico y Marset integran sociedad criminal según Fiscalía
Según la teoría del Ministerio Público, desde que el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera -prófugo aún- frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.
Los líderes del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con delincuentes de Bolivia y, el paraguayo Miguel Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en suelo paraguayo, su acopio en varios puntos del país y su posterior exportación al exterior, especialmente, por la vía fluvial.
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Así, la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.
Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelet”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.
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En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.
En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.