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En sesión ordinaria de este jueves, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad posponer el tratamiento de la causa contra el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, y los fiscales de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. Es por la actuación de los magistrados citados en el caso Pavo Real Py II, en el marco del cual murió el diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista, durante un allanamiento realizado en Pedro Juan Caballero.
Al momento de anunciar el punto del orden del día, en el que estaba prevista la citada causa, el diputado cartista Orlando Arévalo expresó: “en atención a la gravedad del tema mencionado, y por la ausencia justificada del ministro Manuel Ramírez, solicito la posposición del tema hasta que el Jurado esté integrado por todos sus miembros”.
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La moción y voto de Arévalo fueron acompañados por los demás miembros del Jurado: el diputado Alejandro Aguilera, senador Derlis Maidana y el ministro de la Corte César Garay, quienes participaron por medios telemáticos; en el mismo sentido quienes estuvieron presentes, la presidenta Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Manuel Ramírez justificó su ausencia en la sesión.
De esta forma, el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, quien el 19 de agosto, horas después de la realización de los procedimientos del caso Pavo Real Py II, cuando fue abatido el diputado “Lalo” Gomes, anunció que iba a exigir la suspensión de los intervinientes (el juez Osmar Legal y a los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres) antes mismo de interiorizarse del caso, finalmente reculó de su postura bajo la excusa de que el Jurado no estaba con la totalidad de sus miembros.
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Arévalo pidió sesión extra y suspensión, tras operativo
En el orden del día se señala el desistimiento de la causa N° 115/2024 caratulada “Larissa Rodrigues Gomes c/ Abg. Osmar David Legal Troche, juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, del 2° Turno de la Circunscripción Judicial de Capital s/ acusación” en el marco del expediente caratulado “Eulalio Gomes Batista y otros s/ Lavado de activos provenientes del tráfico internaiconal de drogas peligrosas y otros”.
Ello fue debido a que fue acumulada, para que la acusación contra quienes actuaron en el caso Pavo Real Py II se lleve sobre una misma línea. La causa quedó entonces así: Causa N° 117/2024 caratulada “Larissa Rodrigues Gomes c/ Abgs. Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio, agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado s/ acusación” en el marco del expediente caratulado “Eulalio Gomes Batista y otros s/ Lavado de activos provenientes del tráfico internaiconal de drogas peligrosas y otros”.
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Cabe mencionar que los citados fiscales habían ejecutado el operativo Pavo Real Py II el lunes 19 de agosto, en horas de la madrugada, en cumplimiento a las órdenes de allanamiento firmadas por el juez Osmar Legal. En ese contexto, las fiscalas Ingrid Cubilla y Elva Cáceres intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en la casa del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y el fiscal Osmar Segovia, en la del hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ambas ubicadas en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.
Los fiscales contaron con acompañamiento de fuerzas policiales como la Unidad de Investigación Sensible (SIU-Antinarcóticos), las Fuerzas de Operaciones Especiales Policiales (FOPE), quienes ingresaron a las viviendas del legislador y su hijo en la madrugada. En la casa de Lalo Gomes se registró un enfrentamiento a tiros entre los policías y el diputado, resultando este último abatido.
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Por este hecho es que el diputado Orlando Arévalo, mediante una nota remitida ese mismo 19 de agosto y dirigida a la titular del JEM, Alicia Pucheta, solicitó el llamado a una sesión extraordinaria para analizar el acutar de los fiscales y el juez, esto a fin de imponer una sanción inmediata a los mismos. En ese entonces Arévalo propuso la suspensión de los intervinientes. En tanto que desde el sector político el pedido iba dirigido a las “cabezas de los fiscales”, con la destitución. Y a pesar de toda esa “bravuconada”, al momento de tener a mano el tratamiento, Arévalo terminó reculando de ello.
Colaboración de Zubizarreta, “fundamental” para lavar dinero
Según la imputación, la compraventa irregular de la estancia “Negla Poty” se produjo en virtud de instrucciones emanadas directamente de miembros de la estructura criminal vinculada al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, tales como Carlos Oleñik Memmel (imputado en otras causas). Agrega que estas circunstancias le permitiría satisfacer los compromisos asumidos con los líderes de grupos criminales, como habría ocurrido en este caso en particular.
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“Por ello se considera que la colaboración con los directivos y representantes de la entidad financiera (actualmente Zeta Banco) sería fundamental y determinante para concretar los fines relacionados al lavado de activos y ocultamiento de bienes de origen ilícito”, resalta el Ministerio Público.
En tal sentido, la fiscalía señala que Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías, a través de sus acciones como representantes de la firma Finexpar SAECA, habrían facilitado la creación del escenario comercial propicio diseñado para dar apariencia de legitimidad a las transacciones ilícitas.
De acuerdo a la hipótesis fiscal dichas transacciones, realmente se negociarían por fuera del sistema financiero entre los miembros del grupo criminal, quienes tras cerrar los acuerdos y negociaciones utilizarían la estructura financiera mencionada para blindar sus actuaciones.
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“Lalo” Gomes ligado al esquema de Pavão, según imputación fiscal
La imputación fiscal resaltó que el proceso de compra del establecimiento estuvo desde el inicio direccionado a la aprobación y entrega del bien a favor del diputado Eulalio Gomes Batista, a través de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes.
Dicho procedimiento de hijo y padre se infiere de la lectura de las conversaciones que mantenía Luan Pavão Nascimiento, hijo de Jarvis Chimenes Pavão, con Adrián Rolando Brizuela Olmedo (imputado) y Carlos Oleñik Memmel, al margen de las operaciones que se iban dando en Paraguay.
Al respecto el Ministerio Público puntualiza que estas conversaciones señalaban que Carlos Oleñik Memmel se haría cargo de las transacciones a la supuesta venta de la estancia “Negla Poty”, la que efectivamente fue transferida a la persona indicada por Luan Pavão Nascimiento y en las fechas también señaladas por este.
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Según lo que resalta la imputación fiscal, la estancia “Negla Poty” fue utilizada por el diputado Eulalio Gomes Batista y su hijo para simular actividad ganadera, de tal manera a acceder a préstamos del rubro y así lograr introducir al sistema financiero legal grandes sumas de dinero proveniente del narcotráfico.