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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó esta mañana que fiscalizadores ambientales se constituyeron ayer, de urgencia, en la estancia Marangatu I y II, ubicada en del departamento de Alto Paraguay, para recabar pruebas sobre el inicio de los incendios forestales que afectan a la zona y que ya consumieron más de 157.000 hectáreas, mayormente bosques nativos.
La intención es complementar estas pruebas con las imágenes satelitales, según apuntaron. De acuerdo con el reporte de la cartera ambiental, las imágenes satelitales revelaron que los incendios comenzaron en un área específica de esta estancia, para luego extenderse rápidamente a otras propiedades. El fuego se viene expandiendo desde hace más de una semana; incluso salió del país, hacia Bolivia, y con el viento volvió a ingresa a nuestro territorio, poniendo en riesgo la reserva forestal Chovoreca.
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“Los incendios comenzaron en un área específica de la estancia, se han extendido rápidamente a otras propiedades debido a las condiciones climáticas adversas, afectando bosques nativos y áreas de producción agropecuaria. Esto ha puesto en riesgo la biodiversidad local y causado graves daños ecológicos y económicos”, aseguraron tras la verificación de los fiscalizadores ambientales.
Durante la intervención, se constató que la estancia se encuentra en fase de desarrollo y que, aparentemente, se utilizó la quema como método de limpieza para el cambio de uso de suelo. “El fuego continúa avanzando en algunas parcelas del establecimiento”, remarcaron.
Incendios forestales: ¿Quiénes son los propietarios de la estancia?
El Mades afirmó que la propiedad de la estancia Marangatu I y II tiene una declaración de impacto ambiental para el plan de uso de tierra, explotación silvopastoril y producción de carbón vegetal a nombre de Hugo Miguel Zelada Jara y Hugo Sebastián Jara Aranda, en colaboración con la firma Clemencia S.A.
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“Las pruebas obtenidas se enmarcan en las leyes de Vida Silvestre, Evaluación de Impacto Ambiental y Calidad del Aire, y serán enviadas a la Dirección de Asesoría Jurídica del MADES y al Ministerio Público, bajo la Ley 716/1996 de Delitos Ambientales, para iniciar los procedimientos legales correspondientes”, agregaron desde el Ministerio.
Esta normativa estipula sanciones administrativas de hasta 20.000 jornales mínimos, cerca de G. 2.800 millones para este tipo de delitos ambientales.
Hugo Sebastián Jara Aranda, reconoció en conversación con ABC el martes que es propietario de una de las dos estancias en la mira, ubicada en las inmediaciones del cerro Chovoreca, aunque alegó desconocer si en su finca se inició el fuego que luego se expandió y alcanzó hasta esta jornada a más de 130.000 héctareas.