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Según la imputación presentada contra el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, entre ellos funcionarios de la comuna, por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González, entre enero y diciembre de 2020, dentro de la emergencia sanitaria por covid-19, la Municipalidad capitalina efectuó ocho contrataciones por G. 6.944.903.320, con recursos presupuestarios del Objeto de Gasto (OG) 831, que contempla el “aporte a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia”.
Por Ordenanza N° 256/2019, se aprobó el presupuesto de la Municipalidad, para el Ejercicio Fiscal 2020, a través del cual destinaron G. 1.532.611.070.136, de los cuales G. 16.815.109.669 se asignaron a la gestión y reducción de desastres, y para el OG 831, incluido en ese programa, se dispuso la suma de G. 12.000.000.000.
En noviembre de 2020, mediante la Ordenanza N° 311, se amplió a la suma de G. 18.500.000.000 el presupuesto del OG 831, que según dictaminó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no tiene atribuciones para verificaciones, lo que fue aprovechado por Nenecho Rodríguez.
Tras declararse la emergencia sanitaria en 2020, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres llamó para contratar para la provisión de detergentes desinfectantes de áreas y de superficies de alto contacto, de origen francés, y toallitas.
Así, por el Contrato N° 12 fueron adjudicadas las firmas “invitadas” DFR SA, COVA de Juan Rodríguez y Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres, con el 50%, el 30% y el 20% del contrato, respectivamente. Esto, sin tener en cuenta que no tenían respaldo ni experiencia para proveer los insumos. En julio de ese año, por el Contrato N° 16, la adjudicación fue igual para las tres firmas.
Las empresas debieron entregar una cantidad, pero con la complicidad de funcionarios municipales simularon, en las facturas, la entrega de un lote mayor al que realmente entregaron. Con esto, según la Fiscalía, DFR SA causó un perjuicio de G. 612.198.750; Cova, de G. 414.112.050 y Bastian Comercial, de G. 280.104.700, alcanzando un total de G. 1.306.415.500.
Para el Contrato N° 06, se hizo el mismo procedimiento, fueron invitadas las firmas Cova de Juan Rodríguez, Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres, M&F Industrial y Comercial Representaciones SA, Comercial San Miguel de Carmen Alberdi, Ferreteria Internacional SA y DFR SA.
El 8 de febrero, tras la apertura de sobres, se adjudicó a Cova con el 50%, M&F con el 30% y Bastian Comercial, con el 20%. La segunda, no presentó documentos para ser evaluada, y las otras, lo hicieron recién el 26 de febrero.
Nuevamente, tenían que entregar una cantidad, otra vez simularon la entrega de un lote mayor al que realmente entregaron. Así, Bastian Comercial causó un perjuicio de G. 112.072.500; M&F, de G. 151.900.000; y Cova, de G. 260.105.000, alcanzando así de G. 524.077.500, que, sumado al del 2020, alcanza un total de G. 1.830.493.000, por la compra de “detergentes de oro”.
Habrían simulado entrega de detergentes e igual cobraron
Tras aprobarse el presupuesto del OG 831 en 2019, el imputado Óscar “Nenecho” Rodríguez debió reglamentarlo y para ello tenía tiempo hasta el 28 de febrero de 2020, pero como no lo hizo, los pliegos no cumplían los lineamientos emitidos en 2020 y 2021 por Contrataciones.
Esa omisión permitió que Édgar Estigarribia y Nidia López, director Administrativo y Directora General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, respectivamente, invitaron a las firmas a los llamados para los contratos N° 12, N° 16 y N° 06, para la provisión de detergentes de la marca Alka DDS, de origen francés.
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El Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por Víctor Frágueda, Jorge Ruiz, Ernesto Armoa, Enrique Chávez e Iván Cáceres (+), elevaron informes a Estigarribia, con la adjudicación de los contratos.
Al hacer entrega de los detergentes, Agustín Fernández, a nombre de DFR SA, simuló el traslado y entrega de estos en 10 ocasiones; acción que fue replicada por Jorge Argüello, por la firma Cova, en 2020 y 2021. Además, los funcionarios Frágueda, Estigarribia, Chávez y Nathalia Brítez, fueron quienes recepcionaron supuestamente los artículos y firmaron las notas que no tienen la marca de los productos.
Por su parte, el Director General de Administración y Finanzas, Wilfrido Cáceres, fue el responsable de emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). Lo mismo hizo en su momento Edwin López. Luego de ello, era Nenecho Rodríguez quien autorizaba las transferencias, las cuales eran posteriormente autorizadas por Tesorería.
Luego de las autorizaciones y la emisión de cheques a al orden, David y Agustín Fernández, efectivizaron las hojas por la firma DFR Sa; Juan Rodríguez, lo hizo por Cova y por Bastian, lo hicieron Pedro y Antonio Cano; en tanto que por M&F, lo habría hecho María Méndez.
Esquema criminal montado para desviar fondos públicos
Ante el llamado a licitación para comprar detergente de alta concentración y toallitas, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres invitó a las firmas DFR S.A, Cova y Bastian Comercial, que luego fueron adjudicadas para proveer los productos a la Municipalidad de Asunción.
Los artículos que debían ser proveídos al municipio asunceño son de procedencia francesa, de la empresa “Alkapharm”. Sin embargo, esta firma ha certificado que la empresa “Genemed S.A.” era la única representante y distribuidora para todos sus productos en territorio paraguayo.
A pesar de que no existe constancia alguna de que las empresas adjudicadas hayan adquirido los productos requeridos por la comuna de Asunción, los funcionarios Nathalia Brítez, Édgar Estigarribia, Enrique Chávez y Víctor Frágueda habrían simulado la recepción de los artículos de limpieza y firmaron las notas de remisión, donde hacen constar las cantidades de mercaderías que supuestamente fueron recepcionadas, de acuerdo a lo que resalta la imputación.
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El Ministerio Público presume que los bienes contratados por el municipio “no habrían sido proporcionados en las cantidades detalladas en las notas de remisión, porque el detergente desinfectante de áreas y superficies de la marca ALKA DDS, las toallitas desinfectantes de alto nivel para equipo biomédicos y otros de la marca Septalkan y el detergente desinfectante de superficies de altos contactos de la marca Septalkan y Surfalkan SH, son productos de procedencia francesa pertenecientes a la firma”, destaca el acta de imputación.
Además, puntualiza que conforme a las documentaciones de ventas provistas por la firma Genemed S.A., se desprende que la empresa DFR S.A. y el representante legal de la firma, Miguel Lisboa, en el año 2020 habrían adquirido detergente y toatillitas en cantidades muy inferiores a las que supuestamente proveyó al municipio.