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El exministro del Interior y de la Senad Arnaldo Giuzzio viaja mañana a Miami, Estados Unidos, donde permanecerá hasta el viernes 6 de setiembre. El viaje se realiza con fines laborales, con autorización del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 2, que recientemente le había rechazado una petición similar.
Firman la resolución correspondiente las magistradas Adriana Planás, Karina Cáceres y la magistrada Yolanda Morel, esta última interina de Matías Garcete.
Recordemos que se encuentra vigente un embargo de mil millones de guaraníes decretado sobre una propiedad del exministro ubicada en la ciudad de San Lorenzo, decretado el 26 de octubre del 2002 por el juez penal de garantías José Agustín Delmás.
Al parecer, el Tribunal “recapacitó” pues señala que la decisión tiene el fin de “evitar el menoscabo de las garantías inherentes de las personas sujetas a un proceso, precautelando además los derechos laborales del mismo, ya que dicho viaje responde a cuestiones estrictamente laborales”.
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En esta oportunidad, el Ministerio Público no se opuso a la solicitud de la defensa.
Tribunal no autorizó participación de Arnaldo Giuzzio en taller sobre contrabando
El mes pasado, Giuzzio solicitó ausentarse del país del 6 al 9 de agosto, para participar en un taller sobre contrabando a realizarse en Bogotá, Colombia. Esta petición fue rechazada por el colegiado, que argumentó que ante la proximidad del juicio oral y público -fijado para octubre- este tipo de actividades deberían ser reprogramada.
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El colegiado estableció que Giuzzio debe presentarse ante la secretaría del Tribunal de Sentencia el primer día hábil luego de su regreso al país.
La acusación contra Giuzzio por presunto cohecho pasivo agravado (coima) fue presentada el 16 de agosto del año pasado por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Jorge Arce y Diego Arzamendia.
La Fiscalía resalta en la acusación que Giuzzio, en su cargo como ministro del Interior, en julio de 2021 habría mantenido contacto personal y comunicación fluida con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua –representante de las firmas Black Eagle SA y Ombu SA–, de quien habría obtenido beneficios personales.