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La actual fiscala de Villa Elisa, María Angélica Acosta Bjasso deberá afrontar un juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), por disposición de la jueza penal de garantías Tecla Noemí Ríos.
Recordemos que en una audiencia anterior, la magistrada tomó idéntica determinación con relación al exjuez penal de Garantías Geraldino Cazal Arguello y al abogado que habría actuado de intermediario, Luis Antonio Méndez Vera.
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La magistrada admitió la acusación presentada contra Acosta en la segunda audiencia preliminar realizada con relación a este caso, que tiene relación con la denuncia de un pedido de coima para favorecer con medidas alternativas a la prisión a un procesado por supuesta coacción sexual y violación.
Días antes de la fecha prevista para preliminar, Acosta recusó al fiscal de delitos económicos y anticorrupción Leonardi Guerrero y a la fiscala de Pilar Erika Encina, probablemente con la intención de postergar la audiencia. Sin embargo, el fiscal Francisco Cabrera se presentó ante el juzgado para representar al Ministerio Público, con lo que se evitó posponer la audiencia.
Fiscala niega pedido de coima, pide sobreseimiento y devolución de dinero
En la audiencia, durante la cual la fiscala fue asistida por el abogado Rodrigo Gayoso, quien solicitó nulidad del proceso y sobreseimiento definitivo de su representada, tras argumentar supuestas irregularidades en la actuación del Ministerio Público.
En ese sentido, el defensor sostuvo que la acusación presentada por el fiscal Juan Ledesma es una “creación imaginaria que nada tiene que ver con la realidad”, pidió la exclusión de varias pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, así como la devolución de G. 10 millones incautados de su poder. Todos estos incidentes fueron rechazados.
La suma mencionada está ofrecida como prueba por el Ministerio Público, al igual que otros G. 10 millones requisados del poder del abogado Méndez.
El primero -que se jubiló luego de su procesamiento- está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado y el segundo, por presunto tráfico de influencias.
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Denuncia y entrega vigilada
La acusación refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez, con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión preventiva.
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Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acosta y los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.