Detectan casi 40 casos de violencia y amputaciones de dedos en el Cereso de Itapúa

El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP) relató que detectaron 36 casos de violencia hacia personas privadas de libertad y al menos siete de ellos resultaron con amputaciones de dedos, en la mayoría, parte del meñique. Sostienen que tres pabellones son controlados por reos y solicitan el apartamiento del director para que no afecte a las investigaciones.

Fachada del Cereso.
Fachada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa.Sergio González

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El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) abogado Orlando Castillo indicó a la prensa que detectaron al menos 36 casos de violencia hacia personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, de entre las cuales al menos siete resultaron con la amputación de parte de un dedo. Según los datos, serían hechos ocurridos entre abril y agosto de este año.

También halló un patrón de golpes en la zona del glúteo de los reclusos como característica de la agresión a la que presuntamente fueron sometidos. Según las informaciones a las que accedieron, el supuesto “disciplinamiento” era ejercido por un recluso que tendría el control de tres pabellones del centro penitenciario.

Además, refirió que identificaron un nuevo caso el pasado miércoles, en que un reo perdió parte del dedo meñique.

Los últimos hechos fueron comunicados a la Unidad Fiscal Especializada en Derechos Humanos que investigará los presuntos hechos, ya sea por acción u omisión, según Castillo.

Piden apartar al director

En una nota remitida el pasado miércoles 28 de agosto, al ministro de Justicia Rodrigo Nicora, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recomendó que ante la gravedad de las denuncias recibidas se disponga de manera urgente una investigación e intervención del Cereso.

Además, solicitaban que separen de sus cargos, mientras dure la investigación, al director Javier Rodas como a su jefe y subjefe de seguridad a los que funcionarios y personas privadas de libertad señalan como responsables de la delegación de la autoridad disciplinaria a otros internos para que procedieran a las mutilaciones.

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