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El mercado ilegal de metales como el cobre, el aluminio y algunos plásticos genera un enorme perjuicio al fisco, según revela un informe del laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado “Diagnóstico del Metabolismo de la Economía Paraguaya”, publicado en julio pasado.
El informe analiza la exportación de residuos y en particular el fenómeno de la “subfacturación” de estos productos, las dudas en la transparencia y el impacto que tiene en la economía nacional.
El análisis se hace a partir de los precios declarados en la venta de estos insumos, en un marco floreciente de ilegalidad, así como los efectos tributarios y la competitividad del sector de reciclaje.
En esta nota te contamos algunos detalles de lo que encontró el estudio, que contó con la colaboración de profesionales paraguayos en su elaboración.
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Subfacturación de metales esconde mercado ilegal
El estudio del BID señala que un número significativo de empresas exportaron residuos a precios que se sitúan muy por debajo de los costos de mercado. Por ejemplo, en el año 2019, se exportaron 14.442 toneladas de residuo de cobre, de las cuales aproximadamente 11.200 toneladas se comercializaron a solo US$ 240 la tonelada.
Esta cifra contrasta drásticamente con las 3.242 toneladas que se vendieron a un valor considerablemente más alto de US$ 4.793 la tonelada. Con precios de compra locales rondando los US$ 4.000, esta disparidad en los precios dificulta la comprensión del fenómeno y genera interrogantes sobre el origen de estos residuos.
El impacto económico de esta subfacturación es notable. La facturación total de la exportación de residuos de cobre fue de US$ 18,2 millones, cuando, de haberse respetado los precios de mercado, podría haber alcanzado hasta US$ 70 millones.
Esto resulta en una diferencia de más de US$ 50 millones que no solo afecta las ganancias de las empresas exportadoras legítimas, sino que también reduce el ingreso tributario del Estado.
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Subfacturación de metales esconde mercado ilegal
El estudio del BID señala que un número significativo de empresas exportaron residuos a precios que se sitúan muy por debajo de los costos de mercado. Por ejemplo, en el año 2019, se exportaron 14.442 toneladas de residuo de cobre, de las cuales aproximadamente 11.200 toneladas se comercializaron a solo US$ 240 la tonelada.
Esta cifra contrasta drásticamente con las 3.242 toneladas que se vendieron a un valor considerablemente más alto de US$ 4.793 la tonelada. Con precios de compra locales rondando los US$ 4.000, esta disparidad en los precios dificulta la comprensión del fenómeno y genera interrogantes sobre el origen de estos residuos.
El impacto económico de esta subfacturación es notable. La facturación total de la exportación de residuos de cobre fue de US$ 18,2 millones, cuando, de haberse respetado los precios de mercado, podría haber alcanzado hasta US$ 70 millones.
Esto resulta en una diferencia de más de US$ 50 millones que no solo afecta las ganancias de las empresas exportadoras legítimas, sino que también reduce el ingreso tributario del Estado.
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Mismo esquema detectado en plásticos y aluminio
El estudio revela que esta tendencia no es exclusiva al cobre. En el caso del residuo Tereftalato de polietileno (PET), se exportaron 2.440 toneladas a precio un promedio de US$ 283 la tonelada, cuando el precio de mercado era de aproximadamente US$ 1.052. Estas operaciones significan una diferencia en la facturación de US$ 1,8 millones, lo que implica las dos terceras partes de lo que se hubiera facturado el precio de mercado.
Asimismo, en 2020, el residuo de aluminio evidenció subfacturación con 4.680 toneladas a un precio promedio de US$ 301, muy inferior al valor de US$ 1.300 que se maneja en el mercado local, resultando en una posible pérdida de US$ 4,7 millones en comparación con un escenario de precios de mercado.
Del análisis de los tres productos se refleja una diferencia aproximada de unos US$ 57 millones entre el precio facturado y el precio real de mercado. Esta discrepancia no solo beneficia a los exportadores que operan bajo estas dinámicas de subfacturación, sino que también perjudica a las empresas que intentan seguir las reglas del mercado.
La consecuencia es una menor carga tributaria para los exportadores informales y, por ende, menores aranceles que los compradores extranjeros deben asumir, desincentivando la competencia leal dentro de la industria recicladora.
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Proyecto pretende regular el comercio de residuos
En Cámara de Senadores, un proyecto de ley presentado por los senadores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara y Óscar Salomón, busca regular la comercialización de metales y plásticos.
De acuerdo con los proyectistas, la propuesta presenta dos aristas: una, la perspectiva ambiental y social, desde donde serán regulados todo el proceso del comercio de residuos, y otra desde la perspectiva financiero-tributaria, al regular el comercio internacional de estos materiales donde existe actualmente una fuga de más de US$ 100 millones en impuestos que deberían ser aplicados en nuestros país, a través del mecanismo de subfacturación.
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“Actualmente, los exportadores de residuos declaran un valor subfacturado y con ello eluden varias obligaciones legales, evadiendo los impuestos aplicables, moviendo cantidades de dinero en negro a través de un sistema de pago internacional denominado ‘HAWALÁ’, que es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos, ejecutado a través de las casas de cambio, evadiendo los controles estatales”, indica la propuesta de ley.
Como no hay regulación en la materia, “se genera el ambiente propicio para el tráfico ilegal de desechos, como los cables de las redes eléctricas, telefónicas y de otros servicios y estructuras esenciales para la población, por medio del robo. El tráfico ilegal de desechos de gran valor comercial se genera a partir de inescrupulosos acopiadores que se dedican a la compra de materiales obtenidos de manera ilegal”.