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El juez Rodrigo Estigarribia notificó al intendente de la localidad de Ñemby, Tomás Olmedo, colorado cartista y a otros cinco procesados, para la audiencia preliminar de imposición de medidas para el próximo 18 de setiembre.
El jefe comunal fue imputado por la fiscala de la ciudad de Fernando de la Mora, Milena Raquel Basualdo Osorio, por el supuesto delito de lesión de confianza, estafa, producción de documentos públicos de contenido falso.
Además del titular comunal se encuentran imputados: el exdirector de Obras, ingeniero Enrique Hugo Delvalle; el administrador Marcos Meza; el director de Obras Flavio Delvalle Duarte; el exfiscal de Obras, Daniel Sánchez Arza, y el contratista que acaparó todas las obras Arnaldo Gauna Martínez.
El ministerio público habla de un supuesto daño patrimonial de unos G. 700 millones, mientras que la Contraloría Ciudadana habla de más de 3 mil millones de la moneda nacional, sin embargo en la Junta Municipal se menciona unos 10 mil millones de guaraníes.
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Llamativo cambio de requerimiento de la agente fiscal
Un llamativo y drástico cambio realizó la fiscala de la causa Milena Basualdo, en su requerimiento al juzgado. En un primer momento, 6 de agosto, solicitó prohibir el ingreso del jefe comunal a la Municipalidad, y en especial en las direcciones en donde se encuentran los documentos que guardan relación al caso investigado.
Sin embargo, siete días después, realiza la rectificación de la medida cautelar requerida por el Ministerio Público, que indica la presentación periódica de los imputados ante el juzgado y la prestación de una caución personal o real adecuada.
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También alega en la última parte del requerimiento; “median conjuntamente los requisitos establecidos para el dictado de la prisión preventiva, pero esta representación pública es de criterio que los peligros procesales de fuga y obstrucción a la investigación se pueden evitar con la imposición de otras medidas menos gravosas a la libertad ambulatoria del imputado”, reza del documento.
Intentamos escuchar la versión de la fiscala, sobre las razones de la rectificación del requerimiento, pero la misma no respondió los mensajes enviados a su celular.
Junta pide investigar destino de G. 10.000 millones
La Junta Municipal, además de solicitar la intervención de la administración del jefe comunal, resolvió enviar todos los antecedentes al Ministerio Público de delitos económicos para una investigación penal sobre el destino de unos G. 10.000 millones.
“El intendente debe rendir cuentas y aclarar a la ciudadanía que se hizo con todo el dinero, son más de 10 millones de guaraníes, y que aclaré sobre las denuncias de doble facturaciones y obras fantasmas. La administración realizó préstamos millonarios para varias obras”, expresó el concejal colorado Marcelo Martínez.
El edil indicó que con la imputación fiscal y denuncias por supuestos abusos sexuales, cuando se desempeñaba como director del colegio Pablo Patricio Bogarín, debe de renunciar al cargo y someterse a la justicia.
Intendente asegura transparencia
Por su parte, el intendente reiteró en varias ocasiones que cuenta con los documentos respaldatorios y que no existen obras fantasmas y mucho menos sobrefacturaciones, y aseguró que se someterá a la justicia para aclarar todo.
“Las denuncias son infundadas, no existen obras fantasmas, ni sobrefacturaciones y mucho menos doble pago por obras ya hechas, tengo los documentos que respaldan a mi administración y lo vamos a demostrar ante la justicia”, expresó Olmedo.
Reiteró que es inocente en todos los casos que se le imputan y aseguró que si le condenan por hechos de corrupción pedirá perdón de rodillas a toda la ciudadanía. Dijo que solo le persiguen porque está haciendo bien el trabajo.