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El proyecto fue presentado por los senadores Patrick Kemper, José Ledesma, Juan Afara y Óscar Salomón, y busca regular la comercialización de metales y plásticos. Tan solo el pasado domingo se registró un incendio en la Chacarita presumiblemente por el fuego causado por ladrones de cables, que así separan el plástico de los metales como el cobre.
De acuerdo con los proyectistas, la propuesta presenta dos aristas: una, la perspectiva ambiental y social, desde donde serán regulados todo el proceso del comercio de residuos, y otra desde la perspectiva financiero-tributaria, al regular el comercio internacional de estos materiales donde existe actualmente una fuga de más de 100 millones de dólares en impuestos que deberían ser aplicados en nuestros país, a través del mecanismo de subfacturación.
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“Actualmente, los exportadores de residuos declaran un valor subfacturado y con ello eluden varias obligaciones legales, evadiendo los impuestos aplicables, moviendo cantidades de dinero en negro a través de un sistema de pago internacional denominado ‘HAWALÁ', que es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos, ejecutado a través de las casas de cambio, evadiendo los controles estatales”, indica la propuesta de ley.
Los residuos ferrosos son aquellos que contienen hierro, como los restos de automóviles, electrodomésticos, estructuras metálicas, entre otros. Los residuos no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, como el aluminio, cobre, bronce, entre otros. En tanto que los plásticos de polietileno tereftalato – PET, son utilizados como resina reciclada para la producción de nuevos productos.
Apuntan a acopiadoras de metales
Como no hay regulación en la materia, “se genera el ambiente propicio para el tráfico ilegal de desechos, como los cables de las redes eléctricas, telefónicas y de otros servicios y estructuras esenciales para la población, por medio del robo. El tráfico ilegal de desechos de gran valor comercial se genera a partir de inescrupulosos acopiadores que se dedican a la compra de materiales obtenidos de manera ilegal”.
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El documento indica finalmente que la cuestión tributaria no puede estar exenta de esta regulación, pues “existe una enorme evasión impositiva a partir de la exportación de estos productos, declarando precios de exportación muy por debajo del precio del mercado internacional, por lo cual se justifica la inclusión en el proyecto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de establecer valores referenciales de los productos a ser exportados, para promover la legalidad e igualdad tributaria en la cadena del comercio de estos materiales”.
El proyecto ya pasó a ser tratado en la Comisión de Industria y Comercio del Senado, donde se postergó su estudio en plenaria para adjuntar más información sobre la propuesta.