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La continuidad de la audiencia preliminar de Roberto Damian Garcete Rodríguez y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano está marcada para mañana, desde las 08:00, con la contestación por parte de la agente fiscal sobre los incidentes planteados por el Abg. Christian Tuma, representante legal de los acusados. Posteriormente el juez de Garantías Especializado contra el Crimen Organizado Rodrigo Estigarribia resolverá si eleva la causa a juicio oral, como solicita el Ministerio Público.
Este caso inició en junio de 2013 cuando Eladio Miguel Britos, necesitando capital operativo para cumplir con trabajos de construcción que había sido adjudicados a la firma Proyinel S.A., recurrió al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez para acceder a un préstamo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
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Según la acusación fiscal el 26 de junio de 2013, Miguel Britos y sus hijas Laura y Rossana, acudieron a la escribanía de confianza de Garcete Rodríguez, la escribana María de Lourdes Duarte Franco; donde se encontraba el dirigente de fútbol, con quien se había realizado el trato; y su hijo, Roberto Alejandro Garcete Cano.
Ya en la escribanía Miguel Britos y sus hijas, representantes legales de la firma Proyinel S.A., fueron presionados para firmar un compromiso de pago, que terminó siendo en la realidad, una compra venta de un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, valuado en aproximadamente G. 1.100 millones.
Víctima de usura del clan vinculado a RGD
Una vez en la escribanía, la familia Britos recibió la suma de G. 200 millones y en el plazo de un año terminó abonando G. 100 millones; además entregó dos cheques de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por un total de G. 300 millones. Es decir, Roberto Damián Garcete Rodríguez percibió el doble de lo que había entregado como préstamo.
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Luego Garcete Rodríguez solicitó a la escribana María de Lourdes Duarte Franco que en vez de figurar como adquirente del inmueble su hijo, figure la firma Credy Money S.A., de la cual él era presidente. Fue que así que, luego de que ya fuera firmada la escritura pública que contenía el acto simulado, la escribana modificó el monto de la operación a G. 1.500 millones e hizo constar que el adquirente era el señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, en representación de la firma Credy Money S.A.
La fiscal Belinda Bobadilla puntualiza en la acusación que el 26 de noviembre de 2014 el señor Roberto Garcete Rodríguez convocó a Miguel Britos a una reunión para el día siguiente (27 de noviembre) en una oficina ubicada en el centro de Asunción, que terminó siendo la de Ramón González Daher.
Desalojo tras reunión con Ramón González Daher
Miguel Britos concurrió a dicha oficina acompañado de sus hijas María Laura y Rossana Britos, y en el lugar encontraron al actualmente condenado a 15 años de cárcel, quien les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda, la que está ubicada en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G. 200 millones.
En fecha 26 de diciembre de 2014, Roberto Damián Garcete Rodríguez nuevamente convocó a la víctima de usura Miguel Britos y a su hija Rossana, a una reunión en la misma oficina de Ramón González Daher, ocasión en la que el hoy acusado les dijo que si querían recuperar su casa debían comprometerse a pagar la suma de G. 2.257.440.000.
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Con el propósito de ganar tiempo, Miguel Britos entregó cuatro cheques, los cuales fueron entregados por el señor Roberto Garcete Rodríguez a Ramón González Daher. En marzo de 2015, luego de la cancelación de la cuenta corriente de Britos en el banco, tras la presentación de uno de los cheques, Roberto Garcete indicó a la escribana María de Lourdes Garcete que inscribiera a su nombre el inmueble, en los Registros Públicos.