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El Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos tienen una tarea casi diaria de informar con respecto a casos particulares cuando son requeridos por las instancias judiciales, incluso a través de convenios con el Ministerio Público y el Poder Judicial, indicó Holger Insfrán, superintendente de Bancos, con respecto a la investigación de Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, en el caso de supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico en que están involucrados el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo.
Lo que establece el marco legal del sistema de prevención
Holger Insfrán, superintendente de Bancos, señaló que existen tres subsistemas preventivos en los que se encuentran los “sujetos obligados”: subentidades supervisoras, subsistema de inteligencia y el subsistema represivo compuesto por fiscales, jueces y la Policía Nacional.
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“El BCP no juzga si un sujeto obligado realizó un lavado de dinero, lo que hace es que se pronuncia de acuerdo a las entidades del sistema de prevención de lavado de activos”, especificó.
Agregó que el trabajo de la Superintendencia de Bancos es que existan todas las herramientas y que a través de ellas se detecten de forma temprana y correcta las operaciones sospechosas.
“Las actividades sospechosas son reportadas directamente por la entidad financiera con un esquema establecido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero”, indicó.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) está actualmente administrando 15 estancias y 35 bienes urbanos, todos inmuebles incautados en el marco del operativo Pavo Real el año pasado.
El establecimiento Negla Poty se cerró en US$ 600.000, mientras que Pindurá en US$ 2 millones, según conversaciones filtradas. Sin embargo, no se estaba cumpliendo con los pagos, por lo que supuestamente hubo un requerimiento al procesado Carlos Oleñik, quien cerró los tratos y para dar legalidad a la supuesta venta de la estancia apareció Finexpar Saeca, actual Banco Zeta.