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El abogado Oscar Tuma, defensor de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, accionó contra el proceso penal derivado de la tercera etapa del Operativo Pavo Real Py desde varios frentes.
En los escritos presentados esta mañana, Tuma plantea la nulidad de imputación por supuesto lavado de activos y asociación criminal, apela la prisión preventiva de su defendido en un centro penitenciario y recusa al juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado Osmar Legal Troche.
En la apelación de la resolución por la cual se decretó la prisión de su defendido en un establecimiento penitenciario a ser determinado por el Ministerio de Justicia, Tuma destaca que la notoriedad del caso y la trágica muerte del padre de su representado subrayan la necesidad de extremar las precauciones en lo que respecta a la seguridad de su defendido.
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Defensa pide que Alexandre Rodrigues Gomes permanezca en la Agrupación Especializada
En atención a esta situación, Tuma afirma que es la Agrupación Especializada es el establecimiento que mayor seguridad puede ofrecer a su defendido.
“Estas medidas no solo han sido efectivas hasta ahora, sino que son indispensables para prevenir cualquier intento de agresión o represalia en su contra, dados los antecedentes y la naturaleza delicada de la presente causa.
El riesgo para su vida y bienestar se incrementa considerablemente si es trasladado a un establecimiento penitenciario regular, donde las medidas de seguridad pueden no ser suficientes para protegerlo de amenazas externas”
El letrado también argumenta razones humanitarias, al destacar que la familia de su defendido se ha trasladado a la capital para brindarle apoyo y contención emocional y que un eventual traslado dificultarían las visitas familiares.
Para la defensa, imputación es vaga y genérica y debe ser anulada
Por otro lado, Tuma cuestiona la legalidad de la imputación presentada contra su representado, al afirmar que la misma adolece de una grave falta de precisión al no individualizar de manera concreta los elementos de sospecha sobre la existencia del hecho punible que se le atribuye a Rodrigues.
“En el presente caso, la imputación se limita a describir de manera vaga y general los supuestos hechos atribuidos a mi defendido, sin ofrecer detalles concretos que permitan establecer una relación lógica y directa entre los hechos denunciados y la participación de AlexandrerGomes. La falta de especificidad en la descripción de los hechos genera una situación de indefensión, ya que mi defendido se ve impedido de conocer con exactitud qué conducta se le atribuye, cuándo y cómo se habría desarrollado, y qué elementos objetivos sustentarían dicha atribución”, afirmó.
Eulalio “Lalo” Gomes fue imputado después de muerto, afirman
El defensor precisa que, al momento de la presentación de la imputación, uno de los imputados, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ya había fallecido lo cual, afirma, es un grave error procesal que no pudo ser pasado por alto ni por el Ministerio Público ni por el juzgado penal de garantías.
“La inclusión de Eulalio “Lalo” Gomes en el acta de imputación, a pesar de su fallecimiento, no solo infringe disposiciones legales fundamentales, sino que también compromete la validez de todo el acto procesal, generando la nulidad de la imputación. Este tipo de error demuestra una falta de diligencia por parte del Ministerio Público al no verificar la condición vital de la persona a la que se pretende imputar, lo que constituye una grave violación de los derechos y garantías procesales”, afirma el defensor, tras destacar además la inmunidad parlamentaria que el mismo gozaba y que sostiene, tampoco fue considerada por los intervinientes.
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Defensa pide separar al juez Osmar Legal de causa por lavado de activos derivada del Operativo Pavo Real Py
Precisamente a raíz de las irregularidades que menciona, Tuma recusa al juez Osmar Legal y pide su inmediata separación de la causa caratulada “Eulalio Gomes Batista y otros s/ lavado de activos provenien
“Las irregularidades señaladas en este caso evidencian un comportamiento que socava gravemente la confianza en la imparcialidad y la diligencia del magistrado. Tales deficiencias no solo cuestionan su capacidad para aplicar la ley de manera justa y equitativa, sino que también comprometen la recta administración de justicia, que es fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho”tes del tráfico de drogas peligrosas y otros”.
Tuma alega falta de imparcialidad y diligencia del juez y pérdida de confianza en la imparcialidad del proceso como consecuencia de situaciones anómalas como la admisión de imputación contra una persona fallecida y otras que hacen a la orden de allanamiento y que son: falta de justificación clara para el allanamiento nocturno, falta de identificación de las personas a detener, duración del mandamiento no especificada y falta de precisión en el uso de los artículos legales.
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“Este cúmulo de errores no es solo una cuestión de procedimiento; sus consecuencias han sido devastadoras. Debido a estas irregularidades y fallas en el manejo del caso, Eulalio Gomes, padre de mi defendido, ha perdido la vida. La cadena de decisiones judiciales erróneas y la falta de diligencia en la administración de justicia han resultado en una tragedia personal de inmensas proporciones”, afirma el defensor.
“Cuando un juez procede con una imputación en estas circunstancias, se demuestra una falta de rigor y de respeto por las normas procesales esenciales, lo que compromete no solo el caso en particular, sino también la integridad y credibilidad del sistema judicial en su conjunto. La imparcialidad y la exactitud en la administración de justicia son pilares esenciales, y cualquier desviación de estos estándares básicos erosiona la confianza que los ciudadanos depositan en el sistema judicial”, concluye Tuma.