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A casi un año de la comunicación del Ministerio de Justicia (MJ) a la Fiscalía de las sospechas existentes sobre la financiación de la instalación y funcionariomiento de fábrica de salsas picantes “Prisioneros del sabor”, emprendimiento de internos de la penitenciaría regional de Emboscada, no hay y al parecer, no habrá investigación del Ministerio Público (MP).
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Así se desprende de la nota remitida por el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández al presidente del Senado, Basilio Nuñez (Asociación Nacional Republicana) en contestación al pedido de informe de los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista), Ignacio Iramain (Partido Encuentro Nacional) y Esperanza Martínez (Partido Frente Guasú).
Rolón explica que tras recibir la comunicación correspondiente, la fiscala adjunta Soledad Machuca solicitó informe al respecto al Ministerio de Justicia (MJ) a mediados de febrero último, solicitud aún pendiente de contestación al momento de la respuesta, cursada en julio último.
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Rolón aclaró que no hay investigación abierta sobre “Prisioneros del Sabor”
Por considerar de interés, transcribimos parcialmente la respuesta del fiscal general del Estado al Senado:
- “En atención a las publicaciones, en torno del caso, difundidas a través de los distintos medios de comunicación, se plantea que el funcionamiento de la fábrica “Red Tur E.A.S.” - habilitada en el establecimiento penitenciario regional de Emboscada - estaría solventado y relacionado con recursos provenientes de actividades ilícitas, y más concretamente, con dinero aportado por personas investigadas en el marco del Operativo “A Ultranza”, de todo lo cual, la autoridad administrativa puso a conocimiento del Ministerio Público.
- De esta forma, se ha instalado en la opinión pública que existiría una investigación fiscal, en la que se aborda el esclarecimiento del caso (lavado de dinero), extremo este que no se corresponde a la realidad.
- Sobre el punto, se impone señalar que, a la luz de lo establecido en los artículos 268 de la Constitución Nacional y lo de la Ley 1562/00, constituye deber del Ministerio Público -entre otros- la defensa del patrimonio público y social, a cuyo efecto ejerce la acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte.
- En ese sentido, una vez anoticiada la institución -de oficio o por medio del aporte de terceras personas- de la comisión de un hecho presuntamente delictivo, se inician en consecuencia las diligencias pertinentes, con el objetivo de investigar lo sucedido, determinar sus autores y presentar, ante el órgano jurisdiccional, los requerimientos correspondientes.
- Dicho esto, se debe señalar que para la implementación del mecanismo de referencia, se requiere, cuanto menos, contar con una descripción de la que se desprenda la existencia de alguna conducta que revista las características o presupuestos de un delito o crimen, es decir, que sea penalmente relevante.
- La “notitia criminis” puede llegar por distintos medios y de diversas formas, sin que se requiera de formulismo alguno, pero lo que sí resulta necesario es contar con un relato fáctico del que se infiera algún hecho punible, materializado en determinadas circunstancias y momento, además aportar. de ser posible, las personas sospechosas u ofrecer todo elemento que sustente la sospecha”.
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Para titular del MP, reporte del MJ es insuficiente
- “En el caso que nos ocupa, del relato contenido en el citado memorando, no se desprende la existencia de alguna conducta penalmente relevante, sino, mas bien, se relacionan a cuestiones de orden administrativo (carencia de registros respecto al origen de la inversión de la fábrica, falta de control de las actividades en ella realizadas, etc.), razón que impuso al Ministerio Público, solicitar informaciones complementarias, que fueron comprometidas proveer por parte de la dependencia ministerial emisora, de cara a las “acciones conjuntas” que propuso sean realizadas entre ambas instituciones”.
Ministerio de Justicia promocionó, luego denunció
En marzo del año pasado, el Ministerio de Justicia promocionó a través de sus redes sociales la producción a nivel industrial de picante bajo la marca de “Prisioneros del sabor”.
“Prisioneros del Sabor: Una receta para la redención Las rejas no pueden ser barreras para el ingenio y el emprendedurismo, el #MJusticia sigue apostando por programas de rehabilitación y reinserción social, y Marcelo Lee es la prueba de que este es el camino”, señala la presentación del proyecto, acompañado del video con la entrevista a Lee.
El 11 de setiembre del mismo año, comunicó al Ministerio Público la posible comisión del hecho punible de lavado de activos, a través del emprendimiento. La comunicación se hizo al fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en la Lucha cotnra el Narcotráfico, en atención a que los internos involucrados en la producción del condimento están procesados en el caso A Ultranza Py, justamente a cargo de Pak.
A su vez, Pak derivó la comunicación junto con los antecedentes de la causa A Ultranza, a la fiscala adjunta María Soledad Machuca, que además de estar a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de activos, en ese tiempo interinaba la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico.
En junio pasado, ante la consulta de si ya se asignó un fiscal investigador o incluso, si se inició una carpeta fiscal, desde la Dirección de Comunicación de la Fiscalía respondieron que la adjunta Soledad Machuca “aguarda más documentos de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, a fin de definir si abre una causa penal sobre la empresa de salsa picante de la penitenciaría”.
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Internos de Emboscada niegan participación en ilícitos
Luis Sebriano, acusado en el caso A Ultranza; Bruno Vicente Ciancio Amarilla, alias Viejito, acusado en el caso Cali (incautación de 3.415 kilos de cocaína que fueron incautados en un depósito de Fernando de la Mora) y Marcelo Lee, detenido en el marco del operativo contra el tráfico de drogas sintéticas New Evolution, son algunos de los internos que participan en el emprendimiento.
A través de un comunicado, de la antigua penitenciaría regional de Emboscada rechazaron de manera categórica que la elaboración de la salsa picante “Prisioneros del Sabor” esté solventado con recursos de actividades ilícitas.
“El referido proyecto, desde un inicio, fue compartido y puesto a consideración de la Dirección del Penal de Embocada Antigua y Dirección de Reinserción del Ministerio d Justicia, tanto del gobierno anterior como el actual, quienes prestaron en todo momento su consentimiento, acuerdo y respectiva autorización durante el proceso de ejecución del mismo, hasta su culminación”, destaca el comunicado, que no lleva firma alguna.