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Previo sorteo informático, la imputación presentada por el fiscal Itálico Rienzi contra cuatro personas detenidas el 6 de agosto pasado por supuesta estafa con la venta de documentos que les permitirían acceder a millonarias sumas derivadas de la herencia del Comendador Domingos Faustino Correa, fue derivada al juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos. número 2, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.
Como primera medida, el magistrado realizó la audiencias de imposición de medidas para los imputados Carlos Noguera Amarilla, Juan Daniel Noguera Bogado, Analía Beatriz Sambuchetti y Catalina Bogado Jara.
Estigarribia decretó la prisión de los dos primeros, decisión en que se ratificó en sendas audiencias de revisión de medidas realizada el 13 de agosto pasado.
Para las mujeres, el magistrado dispuso el arresto domiciliario bajo fianza real establecida en G. 200 millones para cada una, que tienen además prohibición de salir del país, de contactar con las víctimas y de salir del país.
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Daño patrimonial de supuesta estafa con herencia del comendador Correa no se precisó aún
El magistrado explica que si bien la imputación se presentó por los hechos punibles de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave, asociación criminal, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos especialmente grave, con varias lesiones a la Ley en calidad de coautores, en el acta de imputación no se advierten indicios que permitan subsumir las conductas descriptas en los tipos de lavado de dinero o extorsión.
Estigarribia destaca que la Acordada N°1406/2020, que reglamenta el funcionamiento de los juzgados especializados en delitos económicos, establece en el numeral e) cuanto sigue… “…Hechos punibles previstos en los artículos187, 188, 189, 190, 191 y 192 de la Ley N° 1.160/96 “Código Penal” y sus modificaciones,¿ en los que el titular del patrimonio perjudicado fuera una entidad del sistema financiero.
“En el acta de imputación presentado por el agente fiscal no se ha determinado el monto del daño patrimonial y conforme a las disposiciones citadas precedentemente ni mencionado una entidad del sistema financiero como perjudicado. Así tampoco, del relato de los hechos, es decir, de la descripción fáctica del acta de imputación no se desprenden circunstancias específicas que hagan subsumir las conductas al tipo de lavado de dinero o extorsión”.
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Según fiscal, hay unas 300 víctimas
Las cuatro personas ahora procesadas fueron detenidas el 4 de agosto pasado, durante un allanamiento realizado a una vivienda de Mariano Roque Alonso por una comitiva fiscal-policial liderada por el fiscal Itálico Rienzi, previa entrega vigilada.
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Para la Fiscalía, estas personas serían parte de un esquema delictuoso que estafaba a sus víctimas pidiéndoles sumas cuantiosas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente de origen brasileño, fallecido en 1873.
Incluso mencionan la existencia de unas 300 víctimas y una de ellas habría entregado aproximadamente 200 millones de guaraníes desde el 2019, año en el que habría iniciado el esquema que se extendía hasta la fecha.
Además de la vivienda de los ahora detenidos, el fiscal Rienzi también allanó una escribanía ubicada en al misma ciudad, de donde fueron incautados varios documentos y equipos informáticos que guardarían relación con el esquema de estafa. El local, ubicado a metros de la casa de Carlos Noguera - quien es considerado líder del esquema en Paraguay, según la Fiscalía - pero que tiene como líder directo al ciudadano argentino, Guillermo Ameri, prófugo de la justicia de nuestro país.
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En el allanamiento a la escribanía realizada el 8 de agosto, se constató que Raquel Zelaya carece de registro para ejercer la profesión, y que operaría bajo la firma de otro escribano de la ciudad de Luque. Según los datos, pese a no contar con el permiso correspondiente, ni estar autorizada, la mujer realiza protocolos notariales, según se informó desde el Ministerio Público.
El esquema delictivo pedía sumas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos (cuotas de derecho) de acciones hereditarias del terrateniente brasilero. Asimismo, se solicitaba la suma de 1.000 dólares americanos y en otras ocasiones más para el ingreso a un grupo de whatsApp y para la elaboración de trámites, de acuerdo con los datos manejados por los investigadores.