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El pedido de tutela jurisdiccional a favor de José Insfrán Galeano, procesado en el caso A Ultranza Py actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martin Mendoza de la ciudad de Emboscada, fue radicado en junio último por el abogado Nelson López. A través del referido recurso, el letrado pretendía lograr el traslado de su defendido a un centro médico asistencial.
Como primera medida, la magistrada de ejecución penal Sandra Kirchoffer solicitó un informe sobre las atenciones médicas y consultas realizadas en el Departamento de Sanidad de la mencionada institución, así como todas las medidas de asistencia médica que le fueran proporcionadas.
Asimismo, a pedido de la defensa, que cuestiona las condiciones de reclusión del líder religioso procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, requirió una copia autenticada del reglamento del establecimiento penitenciario y un informe pormenorizado de las condiciones actuales de la celda, así como los antecedentes del interno desde su ingreso a la institución.
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Médico forense dijo José Insfrán que puede seguir tratamiento en prisión
El oficio destaca que el mismo debía contener especificaciones de medidas de la celda, si la misma cuenta con sanitario y mobiliario y/o electrodomésticos y cantidad de personas que habitan en la celda, con la especificación de condenados o prevenidos, detalle de la alimentación diaria que recibe el procesado, debiendo el centro penitenciario remitir copia del acta de procedimiento de relevamiento efectuado por el personal penitenciario y detalle de la autorización respectiva para el ingreso de las visitas de familiares y profesionales.
Por disposición del juzgado, el 24 de junio Insfrán fue inspeccionada por una junta médica integrada por los Dres. Julio Riveros en representación del Ministerio Público y Juan Monte Domecq, médico forense del Poder Judicial.
Monte Domecq informó que Insfrán -quien tiene antecedente de cirugía bariátrica- tenía la presión alta al momento de la inspección, pese a estar medicado y sugirió cambio de medicación y alimentación adecuada, con la precisión que tales medidas “pueden ser tomadas perfectamente en el lugar de reclusión”.
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Fiscala se opuso a la concesión de tutela jurisdiccional
El Dr. Riveros no presentó su conclusión, por lo que la fiscala Liz Cowan solicitó que se intime al galeno. No obstante, en atención al reporte del médico forense del Poder Judicial y de los hechos verificados por la magistrada en su constitución en el penal, la agente fiscal solicitó el rechazo de la tutela planteada.
“(...) se constituyó el juzgado penal de ejecución en la institución penitenciaria, donde se constató que el prevenido cuenta con: cama, baño particular, tiene ropa, frazada, productos de aseo personal, alimentos como: leche, yogurt, frutas y libros. El prevenido informó que fue atendido en la sanidad, le proporcionan medicamentos y sale 02 horas, al sol para recreación (...) no existe mérito para su variación, debiendo encomendar a la autoridad de la institución donde guarda reclusión el procesado tomen todas las medidas necesarias para su resguardo y bienestar en su salud”, concluyó la fiscala Cowan.
“La defensa técnica alega la falta de acceso a recreación, distracción, en ese sentido, se verifica que de acuerdo a la Rutina establecida en el Reglamento del Centro Penitenciario Martín Mendoza, el procesado puede acceder diariamente a dos horas de esparcimiento o salida al aire libre en los horarios comprendidos 08:00 a 10:00 horas o de 10:00 a 12:00 horas, además de contar con un tiempo de reflexión o espacio espiritual de las 13:00 a 15:00 horas, por lo que dicha garantía se encuentra contemplada dentro de las disposiciones establecidas por el lugar de reclusión y depende de la voluntad de incoado ejercer su derecho a recreación, no existiendo limitación alguna”, explica la jueza.
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Jueza no constató irregularidades denunciadas por la defensa
En relación a las visitas de profesionales y familiares, la magistrada destaca que el reglamento establece la regularidad y las condiciones dentro de las cuales las mismas serán realizadas, teniendo en consideración que constituyen un derecho de la persona privada de libertad y contribuye a mantener y fortalecer los vínculos familiares.
En se sentido, destaca que “se verifica que José Insfran ha recibido visitas de su abogado desde su ingreso de 5 a 8 oportunidades al mes y de sus familiares cada 15 días al mes, conforme lo establece el reglamento del recinto penitenciario, por lo que se ha dado cumplimiento de manera efectiva a dicha garantía”.
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“Ante las documentales agregadas a autos, este Juzgado considera que no se han desconocido ni cercenado derecho y garantías que pudieran afectar al prevenido. El Centro Penitenciario pone a disposición del incoado diariamente alimentos que se encuentran dentro de los estándares de una alimentación sana, además ha notado que el mismo consume frutas varias y lácteos que complementan una dieta balanceada”, concluye Kirchhofer, al fundamentar el rechazo de la petición de la defensa.
En la parte final de su resolución, la magisrada exhorta al director de la Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” y al director de Establecimientos Penitenciarios que “arbitren los medios necesarios para salvaguardar la salud e integridad física del interno José Alberto Insfrán Galeano dentro del penal, debiendo ser monitoreado constantemente por médicos responsables y tomar recaudos necesarios para proporcionarle la alimentación necesaria a su estado de salud, debiendo disponer de las medidas necesarias para la atención y tratamientos médicos que el interno necesite dentro del recinto penitenciario”.
El megaoperativo A Ultranza Py
El 22 de febrero de 2022 se llevó a cabo el megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py, con allanamientos en todo el país, en busca de los miembros de una red narcotraficante, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, su hermano José Alberto Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset, pero los mismos ya estaban prófugos en ese entonces.
José Insfrán permaneció prófugo hasta el 16 de noviembre del año pasado, fecha en que se presentó a la mañana ante la sede de la Fiscalía de Narcotráfico, ubicada en Asunción.