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El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre deberá comparecer la próxima semana ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, para su audiencia preliminar en la causa que afronta por presunta lesión de confianza y otros hechos, a causa del presunto desvío de G. 18.384.427.005, entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020, de la institución departamental.
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Los demás acusados por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca son: Javier Marcelo Rojas Giménez, exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central; Juan Vicente Caballero Villalba, tesorero del a Asociación Plantemos Consciencia; Cirilo Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero del Consejo Regional de Salud de Central, en ese orden.
La presente causa inició con la imputación de más de 40 personas, entre ellas el exgobernador Hugo Javier González, funcionarios de la Gobernación de Central y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que recibieron desembolsos de los fondos de la institución departamental.
Sin embargo, la mayoría de los encausados obtuvo salidas procesales o recibió condenas en un procedimiento abreviado, pero no irán a prisión a cambio de millonarias donaciones. A la fecha solo 10 de los procesados por presunta lesión de confianza y otros hechos esperan juicio oral, por decisión del entonces juez de Garantías de la causa José Agustín Delmás.
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Acusación resalta perjuicio de G. 18.380 millones
Según la acusación fiscal, todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
El exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos. Del monto total de G. 24.424.032.733 que fue desembolsado, la Fiscalía señala en su acusación que el perjuicio ocasionado a la Gobernación asciende a G. 18.384.427.005.
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La auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones, según lo resaltado en la acusación por el fiscal Silvio Corbeta.