Cámara destraba proceso contra senador Hernán Rivas por presunto título falso

La Cámara de Apelaciones rechazó el último recurso planteado por la defensa del senador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista) y confirmó el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo. Como el Ministerio Público ya solicitó el sobreseimiento provisional del procesado por la presunta falsificación de su título de abogado, ahora debe solicitar la abreviación del plazo para que se fije audiencia.

Audiencia preliminar del senador Hernán Rivas en el juzgado de Miguel Ángel Palacios.
Senador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista) y sus abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres, en Tribunales.Gustavo Machado

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El recurso de apelación general planteado por la defensa del senador colorado Hernán David Rivas Román, en contra del Auto Interlocutorio N° 571 del 12 de julio de 2024, dictado por el juez de Garantías interino Raúl Florentín, fue rechazado por el Tribunal de Apelación en lo Penal 2ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández.

Con esta resolución del tribunal de alzada se confirma el 15 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo, por parte del Ministerio Público, en la causa caratulada “Hernán David Rivas Romás s/ producción mediata de documentos públicos de contenido falso”.

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Como inicialmente el juzgado de Garantías había fijado el viernes 19 de julio pasado como fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo y, además, los abogados defensores Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres presentaron la presente apelación contra la ampliación del plazo; en dicha fecha las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron el sobreseimiento provisional del senador cartista.

Ahora las agentes del Ministerio Público deben solicitar la abreviación del plazo, de tal manera que el juez de Garantías Miguel Palacios pueda fijar fecha para la audiencia y resolver si dicta el sobreseimiento provisional del senador Hernán Rivas, procesado por presunta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido Falso y Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso, en calidad de autor.

Hernán Rivas, con medidas alternativas

El 17 de julio pasado el juez Penal de Garantías Nº 7 Miguel Ángel Palacios dictó medidas alternativas a la prisión para el senador colorado cartista Hernán Rivas, tras la tercera imputación presentada por la fiscala Patricia Sánchez, por los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en relación a su título de abogado.

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Los abogados defensores Álvaro Cáceres y Cristóbal Cáceres Frutos ofrecieron una fianza personal de Anastasia Liduvina Román Cáceres, madre del procesado, admitida por la suma de G. 500.000.000, la cual deberá ser sustituida por una caución real dentro de un plazo de 30 días. Esto bajo apercibimiento de que si no se cumple, las medidas se revocarán y se dictará su prisión preventiva.

Rivas tiene obligación de comparecer ante el Juzgado en forma bimestral, dentro de los primeros cinco días a partir del mes de agosto del corriente año, para firmar el libro habilitado para el efecto; la de comunicar al juzgado la salida del país dentro de las 48 horas antes y su regreso dentro de las 48 horas después; y también residir en el domicilio ubicado en el barrio Santa Lucía del kilómetro 45 del distrito Tomás Romero Pereira, en Itapúa.

Tercera presentación de la imputación

La fiscala adjunta Patricia Rivarola, encargada de la coordinación de todas las unidades penales del Ministerio Público, presentó el pasado 5 de julio la tercera imputación contra Hernán David Rivas Román, legislador colorado que responde al movimiento Honor Colorado de la ANR.

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La primera presentación de la imputación se hizo el 18 de enero de 2024, por la agente fiscal Patricia Sánchez. Esta fue admitida por el juez penal de garantías Miguel Palacios el 15 de febrero de 2024 y fijó como fecha de presentación el 19 de enero, fijando así fecha para requerimiento conclusivo el 19 de julio de 2024.

Sin embargo, esa providencia fue atacada por la defensa de Hernán Rivas y un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió el 8 de marzo de este año revocarla y por ende, dispuso la devolución del documento a la Fiscalía para su corrección.

Cámara devolvió imputación dos veces

El 18 de marzo de 2024 la fiscala Daniela Benítez, ante el hecho de que su colega Patricia Sánchez fue recusada, ratificó la imputación. Esta fue la segunda presentación de la misma. El escrito fiscal fue admitido el 19 del marzo y se fijó, nuevamente, como fecha para conclusión de la etapa preparatoria el 19 de julio de 2024.

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La defensa de Rivas nuevamente volvió a incidentar contra la admisión de la imputación, y el 21 de junio un Tribunal de Apelación en Penal Segunda Sala de la Capital, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió devolver la imputación a la Fiscalía.

Ante la resolución de la Cámara de Apelaciones el viernes 5 de julio de 2024, la fiscala adjunta Patricia Rivarola presentó la tercera imputación en contra del parlamentario cartista, por presunta Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso, en calidad de autor.

Presunta falsificación del título de abogado

El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que sustente la veracidad de que el senador colorado Hernán David Rivas Román haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.

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La fiscalía sostiene que el 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la matrícula de abogado, juntamente con los otros documentos que acreditarían su formación académica, para que sea elegido como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo mismo ocurrió en junio del 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.

De esa manera, a Rivas se le fue permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

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