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En la sesión ordinaria de esta mañana, concejales asuncenos trataron el dictamen que contenía el pedido del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista), de declarar a la ciudad de Asunción en “emergencia ambiental por parvovirus y fenómenos climáticos, ocasionados por el niño (inundaciones, incendios, severos temporales y otros”.
El concejal Pablo Callizo (PPQ) pidió rechazar el dictamen, que estaba en el punto 5 del orden del día. El edil Humberto Blasco (PLRA), presidente de la Comisión de Legislación, defendió el dictamen y explicó que se reunieron con directivos de la Intendencia, además de técnicos que dieron las argumentaciones para la emergencia.
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Blasco criticó que los concejales de oposición no hayan presentado un dictamen por el rechazo y que recién en el pleno se opongan al dictamen de aprobación. Aceptó que hay críticas porque los asuncenos deben pagar impuestos para que se limpien los patios de otros vecinos que son puercos, pero agregó que “existen cargas que son colectivas”. Esto se debe a que con el dinero de la Dirección de Riesgos se pretende limpiar patios baldíos.
Según él, ahora es el momento de la limpieza de los arroyos, que están colmatados de basura, ya que el nivel del río está bajo. No obstante, ante las críticas, pidió la vuelta del dictamen a la comisión de Legislación.
Asunción: concejal dice que emergencia es falta de planificación
Pablo Callizo respondió a su colega: “Cualquiera de nosotros tiene derecho a oponerse acá en el pleno. Esta emergencia es una muestra más de la falta de planificación y transparencia de esta gestión municipal que viene declarando emergencia desde que inició el periodo y lastimosamente pocas veces rinden cuentas”.
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A su vez, el edil Miguel Sosa (ANR) consideró que “constantemente estamos en emergencia,(...) mucha emergencia hay”, y pidió que el dictamen se apruebe. Por 11 votos contra tres votos, el dictamen por la emergencia fue aprobado.
Emergencia de casi cinco años
El intendente, en complicidad con concejales, ha mantenido a Asunción en emergencia desde el 2020. Así ha utilizado unos G. 60.000 millones en compras y servicios en el marco de la “excepción”, evadiendo controles normales, sin llamados a licitaciones y haciendo contrataciones directas.
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A esto se suma que actualmente Óscar Rodríguez es investigado por lesión de confianza por el Ministerio Público, ante el desvío de G. 500.000 millones de bonos emitidos para obras que supuestamente habrían ido a parar a gastos corrientes. El desvío fue confirmado por la Contraloría General de la República.