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Los concejales afectados son Alfredo Rojas (PLRA) a quien adeudan 207 millones; Marta Ferrari (ANR), a quien adeudan G. 172 millones; Cristian Domínguez (PRF) a quien adeudan G. 152 millones; y Carlos Núñez a quien adeudan G. 142 millones en los pagos de dietas y representaciones.
Según explicaron los afectados, el actual intendente Diego Alonso (PLRA), estaría tomando represalias en contra de los ediles debido a las denuncias que estos realizaron en contra de la administración del jefe comunal ante la Junta Municipal, ante la Contraloría y ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
En ese sentido, el edil Cristian Domínguez, explicó que al concejal Alfredo Rojas no se le paga desde que asumió. “A mi me deben 21 meses y la misma situación se da con otros dos concejales. El intendente no nos quiere pagar porque somos disidentes, y porque hemos denunciado casos de corrupción. Por esa situación no nos paga nuestra dieta, y gastos de representación”, explicó.
El edil refirió, que “lo que ocurre es un daño a la institucionalidad de la Junta Municipal de J. Augusto Saldívar. También socavan los valores democráticos y republicanos. La Contraloría General de la República (CGR) elaboró un informe técnico con la información proveída por la municipalidad, y con ello se confirmó la discriminación hecha a algunos concejales, y con base a eso se bloquearon las transferencias de Royalties afectado a los pobladores que dependen de este ingreso para la realización de obras”, refirió el concejal.
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El concejal Carlos Núñez, afectado al igual que sus pares, explicó que el Tribunal de Cuentas se constituyó en la municipalidad para solicitar los documentos que pueda la denuncia que realizaron. “Este Tribunal lo que hizo es que se presentó hasta la municipalidad para solicitar ciertas documentaciones para verificar la veracidad de nuestras denuncias”, expresó.
Los concejales denunciaron las presuntas obras fantasmas de la Intendencia municipal, del periodo 2022 y 2023 respectivamente. Una de ellas es por el monto de G. 2.500 millones en donde se debía reparar 35 km de caminos vecinales, y que según las verificaciones hechas por los concejales, las obras no fueron hechas.
Mencionaron, que se solicitó el financiamiento de la reparación de la avenida Toledo Cabañas, y que la comuna contrató un servicio por el valor de G. 1000 millones. De este monto, solo se pagó G. 400 millones para la reparación de algunas zonas. Según mencionaron, la municipalidad, al contraer la obligación, debió pagar la totalidad de la deuda aun sin recibir la totalidad de los trabajos.
Otras denuncias hacen referencia a obras fantasmas del Club Santa Lucia, en donde se transfirió G. 73 millones en el 2022 para perforar un pozo, pero en las inspecciones solo encontraron un pozo que data del 2015.
Mencionaron, además que, en la Escuela Santa Librada, en el 2022 se debía reparar por un valor de G. 52 millones, pero solo se pudieron concretar la mitad de los trabajos, produciéndose un daño patrimonial de 25 millones.
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Estas denuncias citadas más arribas, y otras tantas, fueron las que, según explicaron los concejales, enojó al actual intendente del municipio de J. Augusto Saldívar. En ese sentido, intentamos contactar con el jefe comunal, Diego Alonso (PLRA) para tener su descargo, pero este no respondió las llamadas, ni los mensajes. No obstante, dejamos abierto el canal de comunicación para que se pueda referir sobre las consultas hechas.