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La condena a 3 años de cárcel para Justo Ferreira Servin por el contrabando de los insumos chinos a través de la empresa Imedic S.A.; fue recurrida por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, mediante un recurso extraordinario de casación promovido ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso presentado ante el máximo tribunal cuestiona la absolución de culpa y reproche de Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y el aduanero Carlos Alberto Gamarra González, respecto al hecho punible de contrabando; y de los funcionarios de Aduanas Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta, del proceso por presunta “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”, ya que el Colegiado de Sentencia concluyó que la fiscalía no probó la participación de los mismos en el hecho de contrabando.
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Con el recurso planteado el Ministerio Público solicita a la Sala Penal de la CSJ que anule la Sentencia Definitiva N° 551 del 5 de diciembre de 2023, dictado por el Tribunal de Sentencia integrada por los jueces Elsa García Hulskamp (presidenta), Yolanda Morel de Ramírez y Juan Pablo Mendoza; y el Acuerdo y Sentencia N° 13 del 5 de julio de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín.
Los agentes fiscales, que en el juicio oral había solicitado una condena a 6 años de cárcel para Justo Ferreira y su hija, y 4 años de prisión para los demás acusados; solicita a la máxima instancia judicial que anule los fallos de primera y segunda instancia y ordene el reenvío de la causa para un nuevo juicio oral y público, a cargo de otro Tribunal de Sentencia.
Argumentos contra condena leve en caso Imedic
En el escrito de casación los fiscales anticorrupción señalan que la S.D N° 551 aplicó erróneamente el derecho a la hora de establecer la pena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira Servin, ya que se ha probado en el juicio la alta energía criminal en su participación en el contrabando de los insumos chinos.
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“No contento con la planificación inicial del hecho, buscando aprovecharse de la situación de pandemia y de haber sido seleccionado en forma extraordinaria para que provea de insumos al Estado, una vez descubierto, (Justo Ferreira) modificó su planificación para lograr su cometido, usando falencias del sistema para culminar un despacho de importación que no debió haber sido finalizado”, resaltan los agentes.
Respecto al Acuerdo y Sentencia N° 13 del 5 de julio de 2024, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal 1ª Sala, el Ministerio Público afirma que es “manifiestamente infundado”, debido a que, en primer lugar, no explica razonadamente los motivos que le llevaron a tomar esa decisión y, en segundo lugar, porque finalmente vuelve aplicar erróneamente el derecho.
La fiscalía agrega que el tribunal de alzada, al confirmar la condena a 3 años de cárcel para Justo Ferreira y la absolución de culpa y pena de su hija Patricia Ferreira Pascottini y los demás acusados; realizó valoraciones de cuestiones de hecho que no fueron comprendidas correctamente, lo que necesariamente incide en la aplicación errónea de las normas. Considera también que existen conclusiones que vulneran los principios de la sana crítica.
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Contrabando de insumos chinos en pandemia
En el juicio oral quedó probado que en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, la empresa Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, por un total de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a nuestro país no solamente las 400 camas solicitadas, sino 450, y la cantidad excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles. Para ello, el despachante Carlos Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, comprobada como no auténtica.
“Estas mercaderías salieron el 21 de abril de 2020 de los depósitos de la Dinac, fuera de la zona primaria aduanera e ingresaron al territorio de la República del Paraguay sin contar con al documentación legal correspondiente ya que la autorización de la Dinavisa por las 50 camas hospitalarias eléctricas fue dada recién en fecha 05 de mayo del 2020, es decir, 14 días después de su despacho…”, resalta parte de la S.D N° 551.
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Actualmente la presidenta de Imedic Patricia Ferreira Pascottini afronta otro juicio oral y público junto a la directora de la firma Nidia Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez, por la presunta compra irregular de medicamentos oncológicos, en el marco de la lucha contra el Covid-19.