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Con tres hijos pequeños, la vida de Laura González y Alberto Núñez(54) cambió para siempre cuando a él le diagnosticaron problemas renales que requerían hemodiálisis, o un trasplante que no llegó. Durante once años, la familia luchó por mantener con vida a Alberto, cuya salud se fue deteriorando cada vez más debido a esta enfermedad considerada catastrófica, mientras la situación económica también se hacía cada vez más difícil.
Tras años de pelea, Alberto, arquitecto funcionario del Ministerio de Defensa y docente de una escuela por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), falleció hace ocho meses. La esposa, Laura, cuenta que pese a tener seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), el tratamiento de su marido tuvo su costo. Los vehículos y otros bienes de la familia se fueron vendiendo y también tuvieron que hacer actividades solidarias para adquirir medicamentos. Mantener a la familia unida en torno a Alberto valía todo el esfuerzo y era el bien más preciado, señala Laura.
El dolor por la pérdida de Alberto, tanto para la esposa como para sus hijos, de 10, 12 y 17 años, no termina. Tras su deceso comenzó otra lucha, esta vez para enfrentar la burocracia que les está impidiendo acceder a la pensión, que la familia urge para pagar deudas adquiridas y, principalmente, para sostener la calidad de vida de los hijos.
Luchando por una pensión: Cuatro funcionarios en ventanilla; pero trámite es por call center
Laura es psicopedagoga y enseña en un colegio. Llorando aún la muerte de su esposo, ella reclama con impotencia las trabas burocráticas existentes en las instituciones públicas. Luego de tramitar la sucesión en el Poder Judicial, ella recurrió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, allí, en ventanilla le dijeron que no le podían atender porque tenía que sacar un turno por call center.
“Había cuatro ventanillas vacías; no había nadie, pero no podían recibir mi carpeta porque la modalidad es por call center”, clamó la denunciante. “Eso ocurrió el 8 de marzo. Me senté a llamar por teléfono. Me dieron turno recién para el 4 de julio”, agregó.
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Entre los documentos que le pidieron a González se encontraba el certificado de defunción. Fue hasta la sede central del Registro Civil, donde le dijeron que debía ir a la oficina del barrio Recoleta porque “era un muerto demasiado reciente”. Ya en Recoleta, en principio se negaron a entregarle el documento porque en la cédula del marido decía “soltero”.
Burocracia hasta para acceder a un certificado de defunción
“Tenía que venir la mamá de él, que tiene 80 años, para que ella declare que yo soy su esposa. Yo le estaba mostrando el acta de matrimonio, la partida de nacimiento de mis hijos, las cédulas de mis hijos y la mía, y aún así. Qué más quieren para demostrar que soy la esposa. Encima voy a pedir un acta de defunción, con el dolor que uno tiene. Recién después de mucho reclamar, accedieron a darme las copias que pedí. Y pese a que en el papel dice que cuesta G. 25.000 cada original, a mí me cobraron G. 30.000 cada copia; yo pedí cuatro”, indicó la denunciante.
De Recoleta, González debió volver a la sede central del Registro Civil, donde le cobraron otros G. 25.000 por la “legalización de la firma” del certificado de defunción expedido.
De vuelta a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, ya con todos los papeles, este mes tampoco le recibieron la carpeta. Le piden una cuenta judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), más el oficio judicial que ordena la apertura de la cuenta. “Fui con mi abogada, llevamos todos los documentos, incluida la providencia, pero no nos quisieron recibir la carpeta, inclusive con la orden judicial. Ya no sé qué más quieren”, explicó entre la impotencia y el dolor, Laura González.
Ni pensión ni aguinaldo; mucho dolor e impotencia
“Lo peor, mi carpeta con mis requisitos vencen el 31 de julio, me dijeron en la ventanilla. O sea, tengo tiempo hasta ese día, o sino, tengo que volver a llamar por call center a agendar otra cita y comenzar el trámite de nuevo”, reclamó.
Paralelo a este trámite, Laura comenzó otro ante el MEC, en un intento de cobrar por lo menos el aguinaldo de Alberto como docente, pero tampoco lo logró. El trámite quedó “colgado” porque los correos electrónicos que envió al ministerio, como es exigencia, “rebotaron”, le explicaron los funcionarios.
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“En la escuela técnica Santa Rosa de Lima, en Emboscada, los alumnos, los padres, están muy agradecidos con Alberto. Él llevaba su computadora para enseñar a los chicos, hicieron el caminero, después los baños sexados, hubo cambios en la escuela y se evidenciaron. Pese a las dificultades de salud que tenía, él siguió enseñando; era algo que hacía con mucho cariño y ese cariño le retribuyó la comunidad. Cuando falleció, los padres le hicieron un homenaje por su aporte a la comunidad. Pero el MEC hasta ahora no pudo aportar ni el aguinaldo que a él le correspondía a fines del año pasado”, indicó Laura.
“Vendimos todo para que él pueda seguir vivo”
“En este país, la Justicia es solo para unos cuantos. Tenemos todos los grandes manguruyuses y ladrones sentados en el Palacio de Gobierno, nuestros senadores y diputados, todos andan sueltos y nosotros, que somos honestos ciudadanos que queremos vivir con dignidad... Yo, que solo soy una mamá que quiero darles de comer a mis hijos y tratar de vivir un poco más holgadamente de mi trabajo y de lo que merecen mis hijos. Yo no tengo ningún color, yo soy del partido del trabajo honesto. ”, indicó González.
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Laura explicó que en 2022 le comunicaron a su marido que su salud se había deteriorado y él “ya estaba en fase terminal, le costaba trabajar, pero seguía. Acá el Estado no tiene ningún sistema para esto, es siempre para los socios, los capé que están cerca. Nosotros vendimos terrenos, nuestros autos, todo hemos vendido para que él pueda seguir vivo y yo creo que fue lo mejor que hicimos, porque su pronóstico era de 4 a 5 años nomás y él sobrevivió diez años de diálisis”.
El desgaste y el duelo que no termina
Sobre la burocracia de los trámites para percibir la pensión, González clamó: “el tema es este desgaste; yo quiero tratar de acompañar a mis hijos en este camino de duelo, de sanación, pero no hay una semana en la que yo no tenga que irme a un ministerio por un papel. Cuando creo que la carpeta está completa, me vuelven a pedir otra vez otra cosa. Cuando voy para entregar finalmente, no, porque hay que llamar a pedir el turno, cuando veía cinco personas hablando entre ellas, mateando, y no podían recepcionar una carpeta”.
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Laura afirmó que reza para que durante esta semana se dé el finiquito del trámite en el Poder Judicial para que ella pueda ir a buscar ese papel y llevarlo hasta el BNF, donde le darían el documento final de la apertura de la cuenta judicial. “Deberían poder tener en línea ellos, pero no, hay que llevar todo en papeles, de un lugar a otro”, clamó y recordó que si no se dan los plazos antes del 31 de julio, tendrá que volver a marcar turno en Jubilaciones y comenzar de nuevo todos los trámites.