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El Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, revocó una decisión dictada en abril pasado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público conocido como el caso “bomba molotov”, en el que están procesados activistas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Por unanimidad, los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Agustín Lovera Cañete y María Belén Aguero dejaron sin efecto el auto interlocutorio (AI) N° 305 dictado el 30 de abril pasado por el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Lourdes Garcete y Juan Ortiz.
En aquella ocasión, el colegiado rechazó la excepción de extinción de la acción penal por el transcurso del plazo máximo de duración del procedimiento, de prescripción del hecho punible de falta de acción; el incidente de prejudicialidad, el de exclusión de pruebas y de nulidad de la imputación, acusación y violación del debido proceso.
Esta decisión fue apelada por la abogada Marlene Orué, defensora de Brian Martínez, cuya apelación tuvo eco favorable en segunda instancia. El Tribunal destaca que el colegiado otorgó un plazo de tres días para que el fiscal Hernán Galeano conteste los planteamientos de la defensa. Posteriormente, resolvió el rechazo a través del AI N° 305 ahora revocado.
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Trámite para resolución de incidentes en el juicio del caso “bomba molotov”, erróneo
“El trámite otorgado para el efecto, no se halla previsto en la ley, que dispone, en caso de existir cuestiones incidentales planteadas por las partes, atenderlas en un solo acto o diferirlas para el momento de la sentencia -2da. Parte del Art. 382 del C.P.P., y de ninguna manera justifica la suspensión de la audiencia, que debió proseguir con la lectura del Auto de Apertura Juicio; la exposición del Fiscal sobre sus alegatos iniciales y la posición de la defensa -Art. 382 última parte del C.P.P.”, explica en su voto el camarista Arnulfo Arias.
“(...) En ese sentido, la ley procesal dispone igualmente que las resoluciones del Tribunal durante las audiencias, se dictarán verbalmente -no por resoluciones escritas y menos en la forma de Autos Interlocutorios- quedando notificados todos por su pronunciamiento -última parte del Art. 370 del C.P.P.-, que solo pueden ser objeto de impugnación por la vía del recurso de Reposición -Art.459 del C.P.P.”, agregó Arias.
“En ese sentido, se observa que trámite impreso por el Tribunal A-quo, se acierta incorrecto, inexistente e ilegal en razón a que el mismo no se halla previsto en la norma, es decir, el código de procedimientos penales, en razón a que los incidentes fueron deducidos en el marco de la audiencia de juicio oral y público, por tanto el Tribunal de Sentencia debió dar cumplimiento a lo prescripto por el Art. 382, 2° y 3° párrafos, del C.P.P. (...) es decir, que el tribunal debió resolver los incidentes y proseguir la audiencia de juicio oral con la lectura del auto de apertura, ya que dicho acto procesal es uno solo”, expresó a su vez el camarista Lovera Cañete.
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La acusación contra los activistas del PLRA
La acusación presentada por el fiscal Eugenio Ocampos está dirigida contra Stiben Patrón, Luis Osvaldo Sánchez González, Rubén Moisés Galeano y Brian Esteban Martínez Jara y es por violación de los artículos 94 inciso b, 97 inciso a y 99 de la ley de Armas (Ley N° 4036/2010).
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Según la Fiscalía, entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017, los acusados elaboraron bombas molotov caseras en la céntrica sede del Partido Liberal, que fueron posteriormente distribuidas a otras personas. El hecho supuestamente se produjo durante las manifestaciones contra el proyecto de enmienda para la reelección de Horacio Cartes, que acabó con la quema del edificio del Congreso Nacional.
La acusación presentada por el Ministerio Público ofrece como pruebas filmaciones captadas por las cámaras de circuito cerrado de la sede del local partidario, donde en la madrugada el 1 de abril el dirigente Rodrigo Quintana fue ultimado de un escopetazo disparado por un agente policial.
“Los distintos actos de quema –tanto de la sede del Congreso como de las patrulleras móviles de la Policía Nacional– ocurridos en la noche del 31 de marzo de 2017, fueron hechos a través de bombas de molotov, (...) las cuales habrían sido elaboradas en algún otro lugar; sin embargo, elementos incendiarios (bombas molotov) también fueron fabricadas en la misma noche y madrugada del 1 de abril, dentro de la sede del PLRA, siempre en el contexto de manifestaciones, enfrentamientos contra antimotines de la Policía Nacional por los acusados, quienes participaron previamente en las manifestaciones frente al Congreso Nacional”, sostiene Ocampos en su acusación.
Tras su procesamiento, Sánchez, Martínez y Galeano se refugiaron en el Uruguay, donde obtuvieron asilo. Regresaron en enero del 2018.