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El juez penal Raúl Florentín resolvió este viernes otorgar una condena extremadamente beneficiosa para Jorge Peirano Basso, responsable junto a otros integrantes de su familia de la quiebra del Banco Alemán, cuyo perjuicio se estimó en unos US$ 27.000 millones.
En su sentencia, el juez penal decidió calificar la conducta del uruguayo como lesión de confianza. En la parte resolutiva señala además que hizo lugar a un incidente de extinción de la acción penal contra ese hecho, solicitado por la defensa técnica y con el expreso allanamiento de los agentes fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez.
También hizo lugar, en las mismas condiciones, al incidente de procedimiento abreviado, por lo que decidió la condena de Peirano Baso a la pena privativa de libertad de dos años, con suspensión a prueba de la ejecución penal a cambio del pago de una donación de apenas G. 150 millones a organizaciones de beneficencia.
Las organizaciones beneficiadas con la donación son la Fundación San Joaquín y Santa Ana (del sacerdote Aldo Trento), el Centro de Salud de la ciudad de Villarrica y el Obispado de Caacupé, en sumas iguales de G. 50.000.000 cada uno.
Banco Alemán: hermano fue beneficiado con igual medida
En la misma causa y por el mismo juez, su hermano José Peirano Basso había sido beneficiado con similar medida, condenado a 2 años de pena privativa de libertad pero con suspensión de su ejecución a cambio de una donación de G. 250 millones a entidades de beneficencia.
A diferencia de Jorge, el juez había calificado la conducta de José, además de la lesión de confianza, como conducta indebida en situación de crisis y decretado la extinción del delito de estafa.
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En aquella oportunidad, a fines de octubre del año pasado, el exfiscal de delitos económicos René Fernández había calificado de “irrisoria” la condena en comparación al daño ocasionado.
Fernández, quien desde el Ministerio Público impulsó el juicio para recuperar US$ 4.815.792 desviados (parte de los bienes prendados ilegalmente por los Peirano en el exterior), explicó que la expectativa de pena podía llegar a 15 años de cárcel.