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La recomendación realizada al Estado paraguayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) de reparar el daño causado al director de Abc Aldo Zuccolillo por violar los derechos de libertad de pensamiento y expresión, desnuda la instrumentación de la justicia por parte del poder político de turno, ampliamente denunciada por nuestro diario.
Desde 1998 en delante, Aldo Zuccolillo afrontó casi una veintena de procesos, la mayoría de ellos impulsados por políticos disgustados con la postura crítica de nuestro diario ante los abusos del poder. La andanada de acciones contra nuestro director la inició precisamente el senador Juan Carlos Galaverna en diciembre de 1998.
El proceso ahora objetado por la CIDH se inició el 28 de diciembre de 1998, cuando el entonces senador colorado presentó una querella por los supuestos hechos punibles de difamación, calumnia e injuria contra el director del diario ABC Color.
El parlamentario alegó sentirse agraviado por informaciones referentes al vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), varias de ellas aparecidas en la columna jocosa Ñe’embeguépe, publicadas entre junio de 1997 y diciembre de 1998.
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Juez que condenó al director de Abc incursionó en política
El 30 de abril de 2001, el entonces juez del crimen Hugo Ramón López Sanabria condenó al director de nuestro diario al pago de una multa de G. 470.880.000, tras declararlo culpable de los delitos de difamación, calumnia e injuria en perjuicio del senador Juan Carlos Galaverna. En su fallo, el magistrado no consideró la condición de persona pública del parlamentario y argumentó que las críticas formuladas a “Calé” superan el límite de lo “aceptable”.
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Este fue el único cargo que ocupó López Sanabria en el Poder Judicial. Posteriormente, se retiró de la magistratura y se dedicó a ejercer la profesión, y también militó en política.
En el año 2012 fue viceministro de Comercio durante el gobierno del liberal Federico Franco y al año siguiente fue expulsado del partido Colorado, donde se desempeñó como líder del movimiento Franja Colorada.
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En 2022 pugnó para integrar el Tribunal Superior de Justicia Electoral y en las últimas elecciones generales fue candidato a senador por la Lista 2, sin éxito en ambas postulaciones.
Camaristas elevaron multa
El 12 de febrero de 2002, el Tribunal de Apelación, primera sala, integrado por Carlos Bray Maurice, Tomás Damián Cárdenas y Gustavo Adolfo Ocampos González modificó la sentencia y tras declarar al director Aldo Zuccolillo responsable del delito de difamación, le impuso una multa de G. 541.512.000.
Carlos Bray Maurice se desempeñó como camarista hasta su jubilación, posteriormente consiguió un rubro de asesor del Poder Judicial, junto a otros seis exmagistrados. En 2019, el ministro Manuel Ramírez solicitó la desvinculación del séquito de asesores, por considerar un gasto innecesario.
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Tomás Damián Cárdenas fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados junto con su colega Natividad Mercedes Meza, en el año 2012. La decisión del JEM, motivada por la liberación del supuesto narcotraficante William Elisandro Arévalos durante la feria judicial del 2012, fue objeto de una acción de inconstitucionalidad plantada por ambos camaristas, que sigue en estudio en la Corte Suprema de Justicia.
Gustavo Ocampos González tampoco ocupó otro cargo hasta su jubilación, pese a que se postuló para integrar la Corte Suprema de Justicia en más de una oportunidad, la última de ellas el año pasado, cuando fue electo ministro su colega Gustavo Santander Dans.
Corte estableció pago de composición a “Calé” Galaverna
En primera y en segunda instancias, Zuccolillo solo fue condenado a pagar una multa al Estado. Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia evidenciaron su sometimiento a los caprichos de Calé al otorgarle la composición.
Así, el 28 de diciembre del 2005, la Corte Suprema de Justicia condenó al director de ABC a pagar la suma de 1.500 millones de guaraníes, de los cuales G. 750 millones eran para el senador wasmoargañista Juan Carlos Galaverna y G. 750 millones para la máxima instancia judicial. Actualmente “Calé” es colorado cartista.
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El ministro José Altamirano fue el único que votó por el rechazo de la petición de Galaverna ante la Corte, a la que incluso solicitó que Zuccolillo sea remitido a la penitenciaría de Tacumbú.
La entonces ministra Alicia Pucheta de Correa, quien fue preopinante, votó a favor de que Zuccolillo sea condenado a pagar una multa de G. 700 millones y una composición de alrededor de G. 300 millones a Galaverna. En el año 2018, Pucheta renunció a su cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia para asumir como vicepresidenta de la República, a pedido de Horacio Cartes. Actualmente, la exministra integra el Consejo de la Magistratura (CM) en representación del Poder Ejecutivo.
A su voto se adhirieron los camaristas Agustín Lovera Cañete y Emiliano Rolón Fernández, quienes integraron la Corte en reemplazo de los ministros Sindulfo Blanco y César Garay, quienes se apartaron del caso.
En el año 2014, Lovera Cañete fue seleccionado para integrar la Corte pero su designación fue vetada por el entonces presidente Fernando Lugo. A la fecha, aún se desempeña como miembro de la Cámara de Apelación, mientras que Rolón es el actual fiscal general del Estado.
Ministros que condenaron al director de Abc, “farreaban” con Calé
La condena cuestionada por la CIDH fue establecida por los ministros Víctor Núñez, Wildo Rienzi, José Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes y Oscar Bajac quienes firmaron la sentencia contra el director de nuestro diario, estuvieron en el festejo del cumpleaños de Galaverna.
En ese mismo año, cuatro de los integrantes de la Corte habían participado en el fastuoso festejo de cumpleaños de “Calé”, motivo por el cual fueron incluso sancionados por falta ética.
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En marzo del 2007, los ministros Torres Kirmser, Rienzi y Núñez fueron sancionados con una recomendación de abstenerse de concurrir a eventos similares al cumpleaños del senador Galaverna. Según fuentes, en el evento también participaron el camarista Lovera Cañete y Bajac, pero ante la falta de registros fotográficos de la ocasión, la sanción fue impuesta solo a los tres primeros.
En julio del año pasado, el exministro Bajac fue condenado a 3 años de pena privativa de libertad por cohecho pasivo agravado, en un juicio tramitado en la sala civil y comercial que integraba. El fiscal Luis Piñánez solicitó en juicio una condena de seis años de cárcel, pero el Tribunal de Sentencia estableció una sanción menor, actualmente en estudio en segunda instancia.
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Antonio Fretes se jubiló en marzo del año pasado, en medio a un escándalo derivado de un pedido de dinero para evitar la extradición del brasileño Kassem Hijazi de origen libanés y otras irregularidades protagonizadas por el clan Fretes, que son actualmente objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Núñez y sus hijas en la EBY
Núñez renunció a la Corte en diciembre de 2014 en vísperas del anuncio de juicio político y en agosto del 2015, por recomendación del entonces presidente de la República Horacio Cartes, fue nombrado funcionario permanente de la entidad binacional Yacyretá (EBY), donde posteriormente ubicó también a sus hijas Julia Graciela Núñez y Graciela Núñez.
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Precisamente Núñez fue el ministro que hizo la más encendida defensa de la condena al director de nuestro diario, al sostener en su voto que “el honor de la víctima no solo ha sido lesionado gravemente, sino que ha sido expuesto, dolosa y reiteradamente, al escarnio público y la simple pena de multa, por más elevada que sea, no servirá para dar satisfacción al ofendido, que es el objeto y la razón de ser de la composición.”
“Por tanto, considero que es de estricta justicia imponer al autor, además de la pena de multa, ya cuantificada en primera instancia y confirmada en alzada, como pena adicional de composición, que consistirá en el pago a la víctima de una suma de dinero igual al monto equivalente a la pena de multa, correspondiendo actualizar el monto conforme a la variación del jornal mínimo, que en la actualidad asciende a G. 41.889, con lo cual el importe a ser abonado en concepto de multa será de G. 754.002.000″, enfatizó Núñez en el arbitrario fallo que ahora podría derivar en una condena al Estado paraguayo.
Los ministros, en ninguna parte del fallo, analizaron la libertad de prensa y de expresión, que están garantizadas en la Constitución Nacional. Todo el estudio del expediente lo hicieron a favor del cuestionado legislador.