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El funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) y ex funcionario de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano, a través de su abogado Jorge Rolón Luna, presentó un pedido de amparo constitucional contra la Resolución CA N° 035-002/2024 del 23 de mayo de 2024, a través de la cual fue suspendido en sus funciones sin goce de salario, ante el Juzgado Laboral, Primer Turno, Secretaría N° 1, a cargo de la jueza Greta Aquino, que actualmente está bajo el interinazgo de la jueza Marcela Fernández.
Preda solicitó como medida cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de la mencionada resolución, así como su restitución en condición de funcionario con todos los derechos inherentes, al igual que el pago de sus salarios caídos y la restitución de sus derechos concurrentes como el seguro médico correspondiente a mi condición de funcionario del Instituto de Previsión Social.
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En ese mismo orden, en su escrito presentado señaló la verosimilitud sobre “la resolución cuestionada es un documento público que hace plena fe. En otras palabras, es un hecho creíble”; la urgencia bajo “los fundamentos expuestos para la cuestión de fondo, se reiteran. Nos encontramos ante una situación que, en la medida que pasa el tiempo, implica la consolidación de daños graves e irreversibles”; y la contracautela, en relación a la cual “ofrezco contracautela personal para garantizar el otorgamiento de la medida”.
Así también pidió que se remita al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, los documentos, dictámenes, notas internas, individualizadas en el presente escrito; y que los antecedentes también sean enviados a la Dirección Jurídica de la previsional.
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Denunció persecución tras ser comisionado a Seprelad
En su pedido de amparo constitucional, Preda Galeano resaltó que ingresó al IPS en 2004 y que fue nombrado en diciembre de 2006. Resaltó que cuenta con 17 años de antigüedad. Luego, el 21 de agosto de 2018 fue comisionado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), donde cumplió funciones hasta el 16 de agosto de 2023. “Mi comisión concluyó sin mayores explicaciones por parte de la entidad, produciéndose mi retorno al IPS a partir de ese momento”, señaló.
Posteriormente detalló que mientras estuvo en la Seprelad, llevó a cabo el análisis de los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), relacionados a movimientos de activos sospechosos o llamativos que pudieran representar algunas operaciones ilícitas de lavado de activos.
“Mi labor profesional ha significado para mí sufrir represalias. En primer lugar, esto llevó a que el expresidente Horacio Cartes me denunciara (a mí y a otras personas, incluido el expresidente Mario Abdo Benítez) por supuestamente haber filtrado informes confidenciales que comprometían al mismo. Esto derivó en una imputación penal arbitraria, sin pruebas y en donde se descubrió la connivencia entre agentes del Ministerio Público y el abogado particular del expresidente Cartes”, describió más adelante.
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“Veloz” suspensión
Preda siguió relatando que el 11 de marzo de 2024 fui imputado por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, por la supuesta comisión de los hechos punibles de revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (art. 148 del Código Penal), revelación de secretos de servicio (art. 315 del CP), denuncia falsa (art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (art. 291 del CP), entre otros hechos.
De acuerdo con lo que refirió Preda, desde que fue imputado comenzó a recibir de forma extraoficial, información de parte de sus compañeros de trabajo sobre que se discutía informalmente, entre funcionarios de la Dirección General Talento Humano y de la Dirección Jurídica del IPS, la aplicación del “inconstitucional y anticonvencional” artículo 40° del Decreto N° 8841 del 16 de abril de 2018, relacionado al Estatuto del Funcionario del IPS.
El artículo 40° en cuestión señala: “cuando un funcionario fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso, sin goce de sueldo. Si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente”.
“Siendo que se me notificó formalmente de la imputación el viernes 15 de marzo, es evidente que el dictamen, fue emitido no sólo con una inusitada velocidad, sino que, sin tener ningún documento formal a la vista, como es fácil presumir, dado que no fuera notificada dicha resolución judicial a la DJ, ni siquiera al IPS, que no son partes en ese juicio”, cuestionó Preda.
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Abogado calificó de vendetta cartista
Ya en mayo pasado, el abogado Jorge Rolón Luna había señalado que el caso es grave por donde se lo mire. “Personas que en el futuro decidan hacer informes en donde se cuente la verdad sobre el lavado de activos e involucre a personas poderosas, van a contar hasta diez mil antes de estampar su firma o siquiera mover algo dentro de sus tareas de investigación”, había manifestado en entrevista con radio Monumental.
“Esto es matar la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, es matar la prevención del lavado de activos. Más grave aún cuando quienes hoy detentan el poder político son personas que están muy vinculadas a eso como una de sus principales fuentes de ingresos”, agregó.
“Hoy le están procesando judicialmente, le están dejando sin salario, mientras que esos informes que hablan de actividades ilícitas que involucran a muchas personas de poder están muertas en la fiscalía. Literalmente están tapadas bajo toneladas de escombro, no se mueven”, continuó.
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“Esto fue fraguado entre la asesoría jurídica y el Consejo. Es una venganza que un equipo político se maneje así”, indicó.
Agregó que se puede corroborar que se maneja desde la política con las fotos publicadas por José Antonio González Maldonado, director Jurídico del Instituto de Previsión Social, quien estuvo invitado a la boda de Monserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.
En las fotos se lo ve con Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, con Gerardo Bobadilla, presidente del Consejo de la Magistratura, con Javier Zacarías Irún, Tadeo Rojas, entre otros.
También explicó que el amparo es de rápido despacho, que debería salir en el día, sin embargo aún no hay novedades.
Imputación a Mario Abdo y los demás
La imputación presentada en marzo por los entonces fiscales de la causa, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, es por revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
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El requerimiento se dio luego de la presentación denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023. De hecho en el escrito fiscal se detalla que, HC amplió dos veces más la denuncia,.
La primera ampliación se dio el 30 de agosto del 2023, en la que denunció la filtración de información confidencial sobre un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, Indica que supuestamente se cometió el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
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En tanto que la segunda y última ampliación fue el 30 de octubre del 2023, en la que Horacio Cartes denunció una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
La Fiscalía presenta en total 42 elementos de sospecha, entre los que resaltan algunos informes de las instituciones relacionadas a la investigación, publicaciones de medios de comunicación y las denuncias presentadas por Horacio Cartes.