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Luego de años de “dormir” en la Fiscalía, se presentó un “avance” en la denuncia presentada en el 2018 por pobladores de Villa Hayes en contra de Basilio “Bachi” Núñez por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Irán Suárez solicitó la desestimación al juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, según confirmaron desde prensa del Ministerio Publico.
El fiscal no pudo responder a la prensa ni detallar los argumentos del pedido de desestimación, puesto que ingresó a la sala de juicios orales a primera hora de esta mañana por otra causa.
La denuncia fue planteada en setiembre del 2018 en contra de Bachi y sus hermanos Ricardo y Óscar “Ñoño”, además de varias otras personas relacionadas al entorno. Señalaron que existía un sospechoso crecimiento patrimonial entre el 2007 y el 2017.
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Según datos de sus declaraciones juradas presentadas, entre el 2013 y el 2018 el patrimonio de Bachi Núñez creció en un 256%.
Esta investigación estuvo inicialmente encabezada por el fiscal Jorge Figueredo Corrales, luego pasó por la fiscala Patricia Aquino y finalmente quedó a cargo de Suárez, quien ahora pide la desestimación.
Su hermano Óscar Venancio “Ñoño” Núñez se encuentra en prisión tras ser condenado a 11 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y otros hechos, que causaron un daño de G. 42.500 millones a la Gobernación de Presidente Hayes.
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Algunos “antecedentes” de Bachi Núñez
Basilio “Bachi” Núñez fue intendente de Villa Hayes durante el periodo 2006-2010, asesor político de Cartes durante 2013-2018, diputado entre 2018 y 2023 y ahora es presidente de la Cámara de Senadores.
En el 2007 se apropió de un predio municipal cuando era intendente y junto con su esposa y una prima de esta construyeron una estación de servicios. Además, él y su parentela ocuparon cargos en el Incoop, logrando en su momento acceder a millonarios préstamos en la Cooperativa San Cristóbal.
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Pese a que tiempo después señaló que la invasión es un crimen, en el 2016 alentó la ocupación de la finca 916 de Remansito, cuando era asesor del entonces presidente Horacio Cartes. Siendo parlamentario impulsó la expropiación a favor de varios denominados “invasores VIP”.
Bachi propuso echar a 30.000 funcionarios “para ahorrar”, pero mantener a algunos familiares y operadores ubicados en varias instituciones públicas que cuestan al erario G. 1.604 millones al año. Hasta octubre del año pasado, sus familiares ubicados en numerosas instituciones públicas le costaban al Estado unos G. 1.600 millones. En los últimos días, tras asumir como presidente, arrancó con más nombramientos de sus allegados.