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Cientos de docentes se reúnen esta mañana en la Plaza Uruguaya para manifestarse. Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-A), lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno en cuanto a la ley de Carrera Civil.
“Lamentablemente, no llegamos a un acuerdo para incorporar la exclusión del magisterio nacional educativo en el proyecto de ley que está siendo discutido en el Ministerio de Economía pero ha tenido también su proceso en la Cámara de Senadores”, indicó.
Señaló que piden esa exclusión, tal y como está previsto en la ley vigente. Aseguró que no se han registrado inconvenientes con políticas presupuestarias, como señalaron desde el Gobierno.
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Agregó que, de aprobarse la ley, estarán sujetos a ciertos puntos, como la desvinculación sin indemnización de personal que no haya aprobado evaluaciones. “Esto es en general inestabilidad laboral, en todos los ámbitos”, enfatizó.
Dijo que no están en contra de la carrera civil, pues consideran necesario que el funcionario acceda a cargos a través de concursos públicos, como se da en el magisterio. Sin embargo, cuestionan que los mecanismos no brinden garantías para el trabajador.
“No va a tener sentido promover calidad en la educación mientras se está introduciendo la inestabilidad, eso es inaceptable”, enfatizó y señaló que todos los días se realizan evaluaciones de desempeño.
Rafael Resquín, de la UNE, agregó que el sistema de evaluación es “muy punitivo y perjudicial para el sector docente”. Señaló que se tratará de dos evaluaciones muy diferentes y que perjudicarían los derechos adquiridos.
Sostuvo que llegan a un acuerdo con el Ministerio de Educación, pero no con Hacienda. Destacó que durante las vacaciones seguirán analizando la situación para ver si siguen o no con las medidas de protesta.
Mientras tanto, Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP-SN), señaló que este proyecto de ley afectará a numerosos sectores. “Lo que queremos es que se rechace, para que se pueda realmente discutir”, planteó.
Dijo que la segunda alternativa es la excepción. “Están exceptuados los sectores ricos y personas elegidas supuestamente por el voto popular. Nosotros, que hemos estudiado tanto y trabajamos tanto, estamos excluidos. No estamos en contra de la evaluación, pero sí de la evaluación punitiva”, explicó.
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Finalmente, señaló que se atenta contra la libertad de organización y la lucha. “Lo que ya estaban llevando en práctica quieren legalizar con esta ley. Si no tenemos estabilidad laboral, cómo vamos a jubilarnos”, consideró.