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Durante una reunión en el barrio Recoleta de Asunción donde se ubica la conocida “Manzana T”, la parte jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) y representantes de los locatarios que subarrendan el predio, buscaron una solución para continuar ante el riesgo que más de 20 locales dejen de operar por una deuda de alquiler de la empresa Digital Entertainment con el IPS, que supera los G. 8 mil 800 millones que comenzó a acumularse en el 2019.
Al término del encuentro, el director jurídico, José González explicó que a partir de ahora, los subarrendatarios se comprometen a hacer todos los pagos a la cuenta que el IPS les proporcionará. “En un acta recibimos la administración y la Dirección de Inversiones hará controles de canon y si estos locales cumplen las condiciones de contrato”, indicó.
El trato será directo con los subarrendatarios y hay al menos 28 inquilinos. El ingreso mensual para la previsional al cobrar por el alquiler de su predio es de G. 150 millones.
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César Ayala, abogado del IPS, señaló que “la empresa Digital sigue en la convocatoria de acreedores y le damos cumplimiento al otro juicio para cobrar la deuda”. Aclararon que no se justifican los problemas de la pandemia del Covid porque la mora comenzó antes.
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Subarrendatarios indican que seguirán trabajando
Roberto Rodríguez, vocero de Dubai Disco que está dentro de “Manzana T” sostuvo que todo sigue igual y que lo único que cambia es el administrador. “Hubo algunos problemas con la administración anterior, nosotros seguimos trabajando, nuestra gente también, todos los locatarios. La administración es la que debe esa deuda, no los locales que se instalaron en el lugar”, resaltó.
“En pandemia se mantuvo cerrado y hay que tener en cuenta esa situación con los administradores de los locales porque todavía no estamos recuperados. Los de la movida nocturna sufrimos las consecuencias”, afirmó.
Situación jurídica con Digital Entertainment
El Consejo de Administración del IPS decidió rescindir contrato de alquiler que tenía Digital Entertainment. Existen dos juicios contra la firma. El primero es por el cobro de los alquileres y el segundo por desalojo. El director jurídico agregó que el juicio de desalojo fue iniciado ya el 7 de julio de 2020 ante la falta de pago de esta firma.
El funcionario explicó que con la última resolución del Tribunal de Apelación, Sexta Sala, que rechaza el recurso de apelación de la firma contra una providencia, el Juzgado tiene vía libre para dictar sentencia definitiva.
“Se aguarda ahora que los Juzgados y Tribunales dicten las resoluciones en el plazo establecido en la ley a fin de evitar la dilatación del juicio”, explicó. Además, que pese a que el plazo debía ser no mayor de 15 días hábiles, la resolución demoró 1 año y medio en salir.
En un último intento por evitar esto, la firma promovió recientemente un incidente de caducidad de la instancia, algo improcedente desde el punto de vista del IPS, que solicitó su rechazo in limine. Anteriormente la misma empresa había solicitado la retención de las mejoras, que en un primer momento había conseguido una medida cautelar que fue revocada por la Cámara por caducidad de la instancia.
En relación con la rescisión del contrato, aseguró que ese acto administrativo está firme y la empresa carece de autorización para seguir subarrendando el inmueble.