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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, encabezó en Villarrica la presentación del informe final de la intervención. Se entregó el resultado (un expediente de 60 páginas) al gobernador de Guairá, César Sosa (ANR), ya que el jefe departamental fue el que solicitó la intervención tras recibir denuncias de campesinos.
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Trabajadores rurales entregaron dinero a funcionarios del Indert, creyendo que pagaban por las tasas para la adjudicación y titulación de inmuebles rurales, pero estos aportes fueron desviados por funcionarios corruptos y sus expedientes nunca avanzaron, indicó Ruiz Díaz.
“Venía y me decían ‘acá pagué 4 millones por este plano y nunca vino mi título’. Y les teníamos que explicar que esos planos no sirven, que fueron estafados”, lamentó el presidente del Indert.
Campesinos pagaron también por mensuras y titulaciones de inmuebles que no eran fiscales, sino propiedad privada del Indert, como también por inmuebles sobre campos comunales. Todos esos trámites son nulos, aclaró también. Se hicieron de forma ilegal y se tramitaron, además, ante los juzgados sin tener la resolución de mensura firmada por el presidente del Indert, requisito principal para el juicio, agregó Francisco Ruiz Díaz.
“La gente nos decía que tenían que venir (al Indert) con plata. Los funcionarios le decían que ‘si no traes plata no se mueve tu expediente’. Ahí están metidos políticos, intendentes, concejales (...) Y una funcionaria (de la Defensoría del Pueblo) que metía gente en los campos comunales”, indicó la directora de Transparencia y Anticorrupción del Indert, la abogada Elga Escobar Servián, quien encabezó la intervención.
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La funcionaria en cuestión es Ana Liz Duarte, delegada de la Defensoría en el municipio de Mbocayaty. El Indert analizará si estas irregularidades configuran hechos punibles, para enviar los antecedentes a la Fiscalía a fin de que se abra una investigación por corrupción, según se anunció.
“Queremos ver la situación de muchos campesinos que fueron estafados. Casi 12.000 expedientes figuran que fueron truncados, prácticamente. Vinieron gente de campo comunal, afectados también pidiendo solución. Para nosotros es importante mostrar la transparencia para que la gente vuelva a confiar en sus autoridades”, destacó el gobernador Sosa.
El Indert está trabajando en el Guairá con el Barrido Predial Masivo (BPM) y el objetivo es titular 5.000 inmuebles en cinco años, principalmente de colonias rurales totalmente urbanizadas.
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