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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho de Economía Ambiental, señaló la “práctica mañosa” empleada por los representantes del oficialismo cartista en el Senado para “enterrar” un proyecto de ley que habría facilitado a la ciudadanía el acceso a la información pública.
El pasado miércoles, el Senado aceptó el veto parcial del presidente Santiago Peña al proyecto de ley que ampliaba la Ley 5.282 de acceso a la información pública. La modificación obligaba al Estado a mantener actualizada la información y facilitar el acceso de la ciudadanía a la misma en formatos abiertos y procesables.
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Santagada explicó que la modificación que el Senado “mató” la creación de un “catálogo” de información pública que debía estar a disposición de la ciudadanía sin necesidad de un requerimiento formal, incluyendo datos sobre asignaciones de tierras, de viviendas del Ministerio de Urbanismo, sobre el billetaje electrónico y otros.
Además, extendía la obligación de que la información esté disponible en formatos de fácil acceso y procesables al resto de la información pública que por ley ya debe ser publicada, como los salarios de los funcionarios públicos.
La maniobra en el Senado
El abogado explicó que la maniobra “mañosa” con que se neutralizó el proyecto de ley aprovechó un aspecto del artículo 208 de la Constitución Nacional, que establece que, ante un veto parcial del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley, ambas Cámaras del Congreso deben analizar primero si aceptan el veto presidencial o se ratifican y luego deben volver a votar la parte no objetada del proyecto, con el argumento de que un veto puede “romper la unidad jurídica” de todo el proyecto de ley.
En el caso de la ampliación de la ley de información pública, esa ruptura de la unidad jurídica no se dio, señaló Santagada, quien indicó que el veto presidencial se centraba solo en un inciso particular de uno de los artículos del proyecto de ley y que el propio presidente Peña manifestó que estaba a favor del resto de la propuesta legislativa.
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El miércoles, el Senado votó sobre el veto presidencial pero no reunió los votos para sancionar la parte no objetada. A consecuencia de eso, el proyecto de ley vuelve ahora a la Cámara de Diputados, algo que Santagada señaló como un formalismo inconsecuente.
Explicó que la Cámara Baja puede aceptar la falta de sanción, lo que simplemente terminaría de enterrar el proyecto, o ratificarse en su aprobación al mismo, lo que resultaría en un escenario de disenso entre las dos Cámaras, lo que significa que por ley el proyecto no puede volver a ser tratado por un plazo de un año.
La importancia de las leyes de acceso a la información pública
Santagada resaltó la importancia de leyes como la que el Senado enterró para garantizar la transparencia en la administración pública, facilitando a la ciudadanía las herramientas para controlar la gestión de sus autoridades.
Señaló como ejemplo de lo que ocurre cuando esas facilidades no se dan el actual escándalo en torno al supuesto desvío de 500 mil millones de guaraníes en la Municipalidad de Asunción y la resistencia del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) a responder a pedidos de información de la Contraloría General de la República y solicitudes particulares hechas por medios judiciales.
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“Por eso son importantes las leyes como la que acaban de enterrar, para el acceso a la información de interés público”, dijo.
Luego de la sesión del Senado del pasado miércoles, el legislador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) anunció su intención de volver a presentar otro proyecto de ley similar al que la Cámara Alta paralizó.