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La resolución del juez de Garantías Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 30 de mayo elevó a juicio oral y público la causa que afronta el exministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, fue ratificada por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, 2ª Sala de la Capital, que rechazó la apelación general planteada por la defensa de ex alto funcionario del Estado.
El recurso fue interpuesto por los abogados Gustavo González Planas, Rodrigo González Planas y Rodrigo González Masulli, en contra del primero punto del Auto Interlocutorio N° 191, por el que el juzgado rechazó el incidente innominado de nulidad de las indagatorias.
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Los camaristas Arnaldo Fleitas Ortiz, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez Faría, de forma unánime, concluyeron que la resolución impugnada por la defensa del exministro Roa “carece de vicios de nulidad o de errónea aplicación de la norma” y, en consecuencia, confirmaron que la presente causa penal va a juicio oral y público.
Roa está acusado como autor de los hechos de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos; mientras que el empresario Koube está procesado como coautor de lavado de dinero, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de activos.
Roa direccionó licitaciones, según fiscalía
La acusación ratificada en la preliminar por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, el exministro Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
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Roa estuvo a cargo de la SEN entre 2013 y 2022, pero según la fiscalía entre 2018 y 2021 adjudicó licitaciones y contrataciones en forma sistemática a Alberto Koube por G. 16.080 millones.
El total 11 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al ahora acusado, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros, de acuerdo a la acusación del fiscal Silvio Corbeta.
Esta causa es un desprendimiento del caso A Ultranza y surgió tras los datos obtenidos con los allanamientos hechos desde el 22 de febrero de 2022, así como la inmovilización del yate “Antares”, registrado a nombre del grupo “Tapyracuai SA”, representada por Alberto Koube, y que habría recibido Joaquín Roa a cambio de redireccionar licitaciones por valor de G. 16.080 millones las cuales fueron adjudicadas a firmas ligadas a Koube.