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El acusado en el caso A Ultranza Py, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, deberá presentarse el próximo 18 de julio a las 9:00 para su audiencia preliminar que se llevará a cabo ante la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía. En esta instancia se resolverá si la causa en la que está procesado Insfrán se eleva a juicio oral y público o no.
Recién ahora la magistrada pudo fijar una fecha para sustanciar la diligencia de la etapa intermedia del proceso penal, luego de ser confirmada al frente de la causa. La misma fue objeto de recusación en marzo pasado por parte de otro imputado, en este caso, el hermano de Tío Rico, el pastor José Alberto Insfrán. Tanto esa como otros incidentes tuvieron que ser resueltos por la Cámara de Apelaciones y la Corte incluso, para que el proceso prosiga.
El pasado 19 de mayo del fiscal de Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak presentó acusación contra Miguel Ángel Insfrán, atribuyéndole la autoría de los hechos punibles de introducción al país y remisión al exterior de sustancias estupefacientes, así como la comercialización ilícita de drogas y la asociación criminal. El requerimiento conclusivo presentado por el agente del Ministerio Público cuenta con 713 páginas repletas de información y elementos colectados como pruebas a ser producidas en eventual juicio.
El fiscal Pak ofreció como pruebas un total de 17 pericias realizadas a equipos informáticos, teléfonos celulares y también informes relacionados a procedimientos de revenido químico practicado a las aeronaves incautadas y sujetas a comiso, en el marco de la operación A Ultranza. Igualmente ofrece más de 90 testigos a ser llamados a declarar en un eventual juicio.
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De la misma forma se halla bloqueada la suma de G. 118.237.641, en distintas cuentas bancarias registradas a nombre de Miguel Ángel Insfrán y también, US$ 4.979 depositados en distintas cuentas corrientes. Ambas fueron declaradas sujetas a comiso y se encuentran bajo la administración de la Senabico.
Tío Rico y Marset, una sociedad criminal
Según la teoría del Ministerio Público, desde que el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera -prófugo aún- frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.
Los líderes del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con delincuentes de Bolivia y, el paraguayo Miguel Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en suelo paraguayo, su acopio en varios puntos del país y su posterior exportación al exterior, especialmente, por la vía fluvial.
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Así, la cocaína era traída a Paraguay en aviones con matrícula boliviana, que descargaban la droga en la Reserva Natural Cabrera Timané, de Bahía Negra, en Alto Paraguay. De ahí era trasladada ya en aviones de las firmas ligadas a Tío Rico, a estancias de Presidente Hayes, Paraguarí y tinglados de Central, para su acopio y posterior salida a través de los puertos fluviales.
Para esas actividades, los considerados líderes de la organización criminal, Sebastián Marset, bajo los alias de “Omelte”, “Dor” y “Favo”; y Miguel Insfrán, bajo los apodos de “Macrón”, “Rally” y “Skoda”, coordinaban sus actividades mediante comunicaciones “encriptadas”, a través de aplicaciones como “SKY ECC”, “LINE”, “SIGNAL”.
En ese contexto, según la Fiscalía paraguaya la red narco ofrecía cada paquete de cocaína por US$ 12.000 a US$ 14.500, y al realizar la operación para el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.
En relación al mercado europeo, cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilogramo. A través de esto se estima que el grupo criminal obtuvo según la cantidad de droga descubierta, 17.340 kilos de cocaína, la suma US$ 433.500.000.
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Infraestructura de Tío Rico al servicio de grupo narco
De acuerdo con datos que constan en la acusación Nº 4 presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, este era quien lideraba en Paraguay el esquema logístico en relación a la cocaína que era adquirida de Bolivia por el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.
La mercancía ingresaba a territorio paraguayo en avionetas con matrículas bolivianas, que bajaban en pistas clandestinas preparadas en la Reserva Natural Cabrera-Timané ubicada en el Alto Paraguay, a pocos kilómetros de Bahía Negra.
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A partir de ese punto entraba al juego Miguel Ángel Insfrán Galeano, con la puesta a servicio de sus empresas Barakah SRL y El Porvenir SA, principalmente. La primera, si bien se dedicaba al rubro del transporte terrestre con tractocamiones, tenía registrado a su nombre el avión Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP; mientras que la segunda se dedicaba a la metalúrgica.
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De hecho, esta aeronave Cessna 210E, con matrícula ZP-BOP fue incautada durante los allanamientos del operativo A Ultranza en el “Hangar 23″ de la ciudad de Luque. Sin embargo, la misma había caído ya el 8 de octubre de 2020, cuando el fiscal asesinado Marcelo Pecci y la fiscala Alicia Sapriza habían intervenido el hangar del Aeroclub Arrayán de Areguá. Ese procedimiento anuló las movidas de Tío Rico y Sebastián Marset en ese tiempo.