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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia fue confirmado en la causa que afronta el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre junto a otros dos acusados por el presunto desvío de G. 18.384.427.005, entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020, de la institución departamental.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala; integrada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias, a través del Auto Interlocutorio N° 135 del 21 de junio de 2024, resolvió no hacer lugar a la recusación planteada por el Abg. Fernando Rojas, en representación del acusado Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central.
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Con esta resolución del tribunal de alzada el magistrado podrá fijar nueva fecha para tratar de llevar a cabo la audiencia preliminar y resolver si eleva a juicio oral la causa, como pide el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta. La última vez que se intentó realizar la diligencia fue el pasado martes 18 de junio, cuando la defensa presentó recusación contra Estigarribia.
La presente causa inició con la imputación de más de 40 personas, entre ellas el exgobernador Hugo Javier González, funcionarios de la Gobernación de Central y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que recibieron desembolsos de los fondos de la institución departamental. Sin embargo, la mayoría de los encausados obtuvieron salidas procesales como la suspensión condiciones del procedimiento; o fueron condenados en un procedimiento abreviado, pero no irán a prisión a cambio de millonarias donaciones.
Argumentos para confirmar al juez de Garantías
El camarista Arnaldo Fleitas (preopinante) señala en su voto que, si bien el recusante menciona el inciso 12 del artículo 50 del Código Procesal Penal, sobre tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos; no se constata una situación que se ajuste a la disposición legal mencionada, ya que el juez de Garantías actuó conforme a lo que taxativamente se establecen en las normas contenidas; y el hecho de que el magistrado anteriormente se haya desempeñado como agente fiscal, en otra causa, no configura una motivación válida.
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Agrega que el recusante invocó igualmente los presupuestos del inciso 13 del artículo 50 del C.P.P que refiere cualquier otro motivo grave, sin embargo esta causal debe darse respecto del magistrado hacia las partes y no en sentido inverso ni con otros magistrados que hayan intervenido en el proceso. Agrega que también deben configurarse en primer lugar por la duda respecto a la capacidad del juez para juzgar o seguir juzgando imparcialmente en una causa.
Por su parte el camarista Arnulfo Arias puntualiza en su voto que al haberse invocado el inciso 12 del artículo 50 del Código Procesal Penal, sin precisar los antecedentes, ni acreditar los motivos enemistad; odio y resentimiento que resulte de hechos conocidos de su relación con el magistrado, “no es suficiente para justificar su separación”.
En cuanto al inciso 13 de la misma norma, indica que ha sido constante la opinión de los tribunales de rechazar dicha pretensión, cuando las alegaciones al respecto provengan de una de las partes, pues la misma debería de corresponder al magistrado cuando no se encuentre en condiciones, por motivos graves, de atender en un proceso si siente en duda su imparcialidad o independencia.
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Hugo Javier, acusado por presunto desvío de G. 18.380 millones
Todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Según la acusación, el exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos. Del monto total de G. 24.424.032.733 que fue desembolsado, la Fiscalía señala en su acusación que el perjuicio ocasionado a la Gobernación asciende a G. 18.384.427.005.
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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta resaltó que la auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones.
Irregularidades en gestión de Hugo Javier
La acusación fiscal resalta que los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.
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Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.
Rendición de cuentas no fue presentada por las ONG
La acusación presentada por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción puntualiza que luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
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El Ministerio Público puntualiza en la acusación que los fines y objetivos de varios proyectos, para los cuales la Gobernación de Central desembolsó los millonarios montos, no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas con dichos desembolsos.