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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Clarito Rojas Marín, representante de universidades públicas en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), reiteró las objeciones planteadas por representantes de las instituciones públicas a la modificación de la ley de Educación Superior que aprobó esta semana la Cámara de Diputados, que deja la presidencia de ese órgano rector permanentemente en manos del Ministerio de Educación y Ciencias.
El proyecto aprobado en la Cámara Baja plantea modificar artículos de la Ley 4.995/13 de Educación Superior, entre ellos el artículo 15, planteando que la presidencia del Cones sea asignada a una persona elegida por el ministro de Educación de turno y no por los miembros del consejo en votación, como se hace actualmente.
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Rojas Marín señaló, sin embargo, que la mayor objeción es contra la modificación del Art. 7, que establece al Cones como órgano responsable de proponer y coordinar programas y políticas para la educación superior.
Según la modificación planteada en el proyecto, originado en el Senado, convertiría al Cones en una “instancia consultiva”, algo que –en opinión de Rojas Marín- colisiona con una serie de artículos que hacen a los alcances, objetivos y funciones del Cones “que supuestamente siguen vigentes sin alteraciones” dentro de la ley 4.995.
Riesgo de intromisión del Ejecutivo en temas académicos
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la modificación del artículo 15, no así la del artículo 7.
Sobre depositar permanentemente la presidencia del Cones en el ministro de Educación o un representante suyo, Rojas Marín señaló que los cargos políticos son transitorios y que esa perpetuidad del Ministerio de Educación en el mando del órgano aumenta el riesgo de que en el futuro puedan verse intromisiones del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones “hasta de carácter académico”.
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Argumentó, además, que el liderazgo del Cones añadirá un peso adicional sobre el Ministerio de Educación, por el grado de compromiso que el cargo requiere, mientras esa institución del Estado ya enfrenta situaciones de alta complejidad en otros niveles de la educación pública.
Más allá del cambio en conducción
El representante de las universidades privadas opinó que, si se va a modificar la ley de Educación Superior, se deben analizar artículos “que tienen intereses educativos más profundos” en vez de centrarse en “una suerte de transferencia de la conducción del Cones”.
“Nos formulamos preguntas sobre las intenciones del Gobierno, ellos dicen que tienen intenciones de trabajar con las universidades privadas en la articulación de la tecnicatura a grado, son artículos que necesitamos dar una mirada de interés educativo”, explicó.
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Señaló también, como un artículo digno de revisión, el 43, que establece que un 30% de los docentes de las universidades públicas deben ser empleados a tiempo completo, algo para cuya implementación la ley daba a las instituciones un plazo de tres años desde su promulgación, que se dio en 2003.
“Nosotros planteamos que se dé una mirada y se busque un lenguaje aplicable, no tocar la ley simplemente por la figura de conducción para posicionar figuras institucionales políticamente”, subrayó. “Queremos mirarla por sus grandes fines, objetivos, compromisos y su alcance”, acotó.