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El Instituto de Previsión Social (IPS) dispuso la obligatoriedad de un examen de admisión a todos los que conforman la fuerza laboral legalmente establecida. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, señaló que eso “no es nuevo” y que solo en pandemia dejó de hacerse.
Aseguró que las empresas no tendrán acceso a los historiales clínicos debido a la confidencialidad médica, pero que se debe hacer para determinar, por ejemplo, si un trabajo específico está dañando al empleado. “Si te va a causar algún problema cardíaco, respiratorio, como en las fundiciones y cementeras... Eso le va a indicar a la seguridad social que tu trabajo tiene riesgos”, planteó.
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Señaló que los exámenes periódicos permitirán que los trabajadores que requieran de una jubilación temprana por enfermedad accedan a una pensión más alta. ”Hoy tenemos solo cinco jubilados por enfermedades profesionales, eso implica que llevan mayor cantidad de dinero, porque tienen acceso al 75%. En casos de enfermedad común, la seguridad social paga solo el 50%”, explicó.
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Podrán determinar si un trabajador es o no apto para un puesto
En otro momento, la ministra de Trabajo confirmó que estos exámenes también permitirán saber si una persona es o no apta para acceder a un puesto laboral. “Cómo voy a contratar una persona con problemas cardíacos para que me trabaje en pavimentos... ¿Qué pasa si se muere por esa enfermedad preexistente?”, agregó en ABC Cardinal.
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Ante los cuestionamientos porque eso implicaría menores oportunidades para el trabajador, dijo que pueden optar por puestos administrativos. “Claro que sí le voy a permitir trabajar, pero la regulación tiene que estar. No es que estamos definiendo la ocupación, estamos protegiendo la vida de las personas”, manifestó.
Respondió que conocen la problemática del mercado laboral y de las ocupaciones, pero que deben regular la cuestión médica. “El costo de la vida del trabajador y la pérdida del ingreso por una ocupación para la cual no es apto también trae consecuencias económicas para la familia”, argumentó.